Contraloría General de la República.
Ministerio de Relaciones Exteriores deberá revisar las solicitudes de visas de responsabilidad democrática rechazadas en forma masiva el día 11 de noviembre del año 2020.
No resulta plausible que la autoridad fundamente su decisión en el prolongado cierre de fronteras a causa del COVID-19 y en la pérdida de vigencia de los certificados de antecedentes penales que debe acompañar el interesado.

El abogado de la Fundación Servicio Jesuita a Migrantes solicitó a la Contraloría General de la República pronunciamiento respecto de supuestas omisiones y actuaciones ilegales y arbitrarias por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, en relación con la tramitación de solicitudes de Visas de Responsabilidad Democrática (VRD) por el Consulado de Chile en Venezuela, lo que se tradujo en demoras injustificadas en su tramitación y en el rechazo masivo de cientos de solicitudes de visas el día 11 de noviembre del año 2020.
Además, recibió una denuncia bajo reserva de identidad, indicando que el Ministerio de Relaciones Exteriores habría impedido iniciar la tramitación de visas a ciudadanos de Venezuela, a través del Sistema de Atención Consular (SAC), sin existir un acto administrativo fundado que lo establezca.
En su dictamen, el Contralor tiene presente que “el otorgamiento de visas de residentes a extranjeros fuera del territorio nacional corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores a través de sus consulados, los que deberán verificar que el solicitante cumpla con los requisitos y acompañe los antecedentes respectivos, pudiendo negar la visación si los antecedentes recogidos no fueren satisfactorios”.
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