Presidente de la República no está obligado por un plazo constitucional ni legal para ratificar un tratado internacional, dictamina el Contralor.

Los Senadores Luciano Cruz-Coke y Felipe Kast, y el diputado Sebastián Keitel (congresistas Evopoli), solicitaron a la Contraloría General de la República pronunciamiento con la finalidad de que se determine la oportunidad en que el presidente Gabriel Boric debe ratificar el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, y las cartas intercambiadas en ese contexto del mismo (TPP-11), suscrito en Chile con fecha 8 de marzo de 2018, y aprobado por el Congreso Nacional.

Como fundamento jurídico, el Contralor refiere que los órganos de la Administración del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y que deberán actuar dentro de su competencia y no tendrán más atribuciones que las que expresamente les haya conferido el ordenamiento jurídico.

Luego cita el artículo 32, N°15, de la Constitución, que contempla como una de las atribuciones especiales del presidente “la conducción de las relaciones con potencias extranjeras y organismos internacionales, y llevar a cabo las negociaciones; concluir, firmar y ratificar los tratados que estime convenientes para los intereses del país, los que deberán ser sometidos a la aprobación del Congreso Nación, según lo dispuesto en el artículo 54, N°1, de la Carta Fundamental”.