CGR.
Reducción de prestadores de servicios a honorarios del Instituto Nacional de Deportes de Chile es una medida de gestión con ocasión de la pandemia de COVID-19.
El ente contralor no advirtió irregularidad en la decisión adoptada.

Los diputados Erika Olivera y Giorgio Jackson solicitaron un pronunciamiento a la Contraloría General de la República, a fin que precise el alcance de lo manifestado en el Dictamen N°8.506 de 2020, en cuanto concluyó que era competencia de la jefatura superior del IND ponderar las circunstancias excepcionales ocasionadas por la pandemia de COVID-19 y adoptar las medidas extraordinarias de gestión que fueran necesarias, en relación a no proseguir con la tramitación de los contratos a honorarios para ejecutar los programas “Crecer en Movimiento” y “Deporte y Participación Social” durante el año 2020, que, a esa fecha, no se encontraban totalmente tramitados.
Requerida información, el IND manifestó que por razones sanitarias y presupuestarias determinó continuar con los aludidos programas, pero reducir la cantidad de profesores y talleristas necesarios para ejecutarlos, desistiendo de la tramitación de 374 de los contratos.
Al respecto, la autoridad indica que los actos administrativos relativos a contratos a honorarios no están sujetos a toma de razón, sino que deben ser enviados mediante el sistema en línea que indica, para su registro dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la fecha de su emisión. En consecuencia, arguye que no existió respecto de los convenios desistidos por el IND una tramitación formal ante ella que pudo haber quedado pendiente o suspendida a la fecha que enuncia la circular Nº15 de 2020 del Ministerio de Hacienda, denominada “Instructivo sobre austeridad y eficiencia en el uso de los recursos públicos durante la emergencia sanitaria producto del virus COVID-19”, que suspendió, a contar del 8 de abril de 2020, toda nueva contratación de personal por parte de los Ministerios y Servicios, salvo “las contrataciones que se encuentren con proceso en curso, formalmente ingresados ante la Contraloría General de la República”.
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