Servicio de Evaluación Ambiental deberá ajustar su interpretación del Reglamento de Evaluación Ambiental, por carecer de sustento jurídico en la legislación de vivienda, urbanismo y medio ambiente, instruye la Contraloría.

Se dirigió a la Contraloría General de la República, la Fundación Defendamos la Ciudad, impugnando la juridicidad del oficio N° 20209910245, de 2020, del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que instruyó y uniformó los criterios de la aplicación de los literales g) y h) del artículo 3° del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA), formulando al efecto diversas consideraciones que incidirían en la vulneración de la aludida letra g).

Previo al inicio de la respuesta, el Contralor precisa que el RSEIA fija las disposiciones por las cuales se debe regir el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), en concordancia con la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Así, el artículo 3° de ese reglamento determina los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental y que deben someterse a ese sistema, contemplando, en su letra g) a los “Proyectos de desarrollo urbano o turístico, en zonas no comprendidas en alguno de los planes evaluados estratégicamente de conformidad a lo establecido en el párrafo 1° bis del Título II de la Ley”.

En relación con la procedencia del aludido oficio N° 20209910245, el Contralor efectúa diversas consideraciones.