Proyecto de Ley “Escucha su corazón”: ¿Consentimiento informado o violencia de género institucionalizada?

1. El proyecto de ley «Escucha su corazón» obliga a ofrecer que la mujer escuche los latidos del embrión o feto antes de una interrupción del embarazo bajo alguna causal, y si ella rechaza, se debe abstener de realizar el procedimiento. Desde su área de conocimiento, ¿esta exigencia fortalece el consentimiento informado o representa una barrera adicional al acceso a una prestación ya reconocida por ley?

Al respecto es necesario precisar algunas cuestiones. Por una parte, informar acerca de la existencia de una actividad cardíaca embrionaria podría formar parte, en principio, de un consentimiento informado. Sin embargo, el problema se presenta cuando escuchar deja de ser una opción para pasar a ser una condición que permita el acceso a una prestación reconocida por ley. Este proyecto indica que la mujer puede declinar el ofrecimiento, pero si lo hace el médico debe abstenerse de practicar la interrupción. Siendo así, estamos frente a una contradicción que no es posible soslayar, se reconoce una libertad, pero se establece una consecuencia que es perjudicial. En los términos del proyecto no se está garantizando la autonomía de la paciente, por lo que estamos frente a una barrera adicional.

2. ¿Qué valor tiene, desde su perspectiva profesional, que la paciente escuche los latidos del embrión o feto en el proceso de toma de decisiones, considerando que ya optó por interrumpir su embarazo dentro de una causal legal?

Podría tener valor si la paciente estima que dicha información es relevante para adoptar una decisión. En ese caso, debe tener acceso a ésta. No obstante, desde una perspectiva jurídica, no se puede sostener que escuchar la actividad cardíaca constituya un presupuesto indispensable para formar un consentimiento válido. Debe tenerse presente que la mujer que se encuentra dentro de las causales legales ya ha recibido un diagnóstico y enfrenta una situación particularmente difícil. Basta pensar en casos de riesgo para la propia vida o de violación. En este sentido, la información médica debe ser objetiva, comprensible y suficiente para tomar una decisión. Aun cuando el proyecto indica que la actividad cardíaca conforma un dato clínico objetivo que robustecería el consentimiento, la autonomía también debe comprender decidir qué información adicional se desea recibir y de qué forma.

3. En casos de riesgo vital para la madre, donde se requiere actuar con rapidez, ¿Qué implicancias podría tener que el equipo médico intervenga pese al rechazo de la paciente y a la exigencia legal de abstenerse?

Debe primar una consideración que es esencial: debe protegerse la vida del paciente. La legislación actualmente vigente contempla de forma expresa la interrupción del embarazo si la mujer se encuentra en riesgo vital y que su intervención evitará un peligro para su vida. La ley 21.030 establece que ante una atención médica impostergable por esta causal, un médico objetor no puede excusarse de no existir otro profesional disponible. Por tal razón, resulta muy problemático el que se estipule una exigencia que impida una intervención urgente destinada a salvar la vida de la mujer. No puede dejarse de tener presente, que el médico se enfrentaría a deberes que son contradictorios. En efecto, por una parte, abstenerse de intervenir y por la otra, su deber de protección de la vida. Sobre este punto hay que ser claro, una formalidad de información que haga imposible una intervención indispensable no puede impedir casos de urgencia vital.

4. Diversas organizaciones y parlamentarios han calificado esta exigencia como una forma de violencia de género institucional, especialmente en casos de violación, mientras otros la defienden como entrega de información veraz. Desde su experiencia profesional, ¿Cómo evalúa este debate?

Aun cuando sea correcto afirmar que la paciente tiene derecho a recibir información objetiva, de ello no se puede seguir que cualquier modalidad que se imponga para transmitir dicha información resulte jurídicamente legítima. Quienes son críticos de este proyecto afirman que tal exigencia puede producir revictimización, especialmente en aquellas mujeres o niñas embarazadas como consecuencia de una violación. Esta crítica me parece correcta, pues escuchar la actividad cardíaca provoca una afectación adicional que resulta innecesaria. Lo ya expuesto precedentemente, fundamenta lo afirmado. Por otra parte, este proyecto al imponer barreras de acceso coloca a los médicos en un conflicto ético y jurídico difícil de eludir.

5. Si la mujer rechaza escuchar los latidos y, por mandato legal, se debe abstener de realizar el procedimiento, ¿Qué ocurre después con su acceso a esa prestación? Desde su área, ¿existen alternativas o consecuencias relevantes en ese escenario?

Sin duda esta es una de las cuestiones más problemáticas de este proyecto. Se señala que la mujer puede declinar libremente escuchar los latidos, pero dispone inmediatamente que el médico deberá negarse a practicar la interrupción si esta es la decisión. No se resuelve qué sucede posteriormente, si se deriva a otro profesional o cuáles son los plazos para asegurar la prestación. Siendo así, estamos frente a una barrera material de acceso. Esta cuestión es especialmente relevante si estamos frente a una violación, por cuanto se establecen por ley los límites gestionales. En consecuencia, esta demora da lugar a perjuicios que pueden llegar a ser irreversibles. Considerado desde esta perspectiva, una exigencia de procedimiento nunca puede operar de manera que haga imposible su otorgamiento, sobre todo si se está frente a una prestación y el propio ordenamiento jurídico reconoce.

6. ¿Considera, desde su área de conocimiento, que condicionar el acceso a este procedimiento a que la paciente escuche los latidos podría constituir una forma de presión o vulneración de derechos hacia la paciente?

Existe un riesgo significativo de presión sobre la voluntad de la paciente. No por el hecho de proporcionar una información médica, sino por las consecuencias de su rechazo. Si a la persona se le indica que es libre de rechazar una determinada actuación, pero que al hacerlo no va a recibir la prestación solicitada, es indudable que dicha libertad queda considerablemente condicionada. El consentimiento informado lo que pretende es que las decisiones médicas que se adopten lo sean de forma autónoma y sin coacciones. En este proyecto sí se está condicionando el consentimiento, por tanto, no está siendo libremente otorgado. La cuestión no es si se puede informar sobre la actividad cardíaca, sino que se está convirtiendo dicha audición en una condición para recibir una prestación que la ley brinda.

7. El proyecto aún no tiene urgencia del Ejecutivo ni ha sido puesto en tabla por la Comisión de Salud. Desde su experiencia profesional, ¿Qué otras alternativas existirían para reforzar el consentimiento informado en estos casos, sin llegar a lo que plantea «Escucha su corazón»?

Existen alternativas que permiten fortalecer el consentimiento informado sin que por ello se condicione el acceso a la prestación. Puede mejorarse la información sobre el diagnóstico, en qué consiste la intervención y sus consecuencias, cuáles son las alternativas médicas y la forma de acompañamiento. Todo ello a través de un lenguaje comprensible y considerando las circunstancias que está enfrentando la paciente. Asimismo, puede ofrecerse acompañamiento psicológico antes y después de la decisión adoptada, siempre que sea voluntario. Incluso, se le puede ofrecer escuchar la actividad cardíaca, pero sin que por ello se le atribuya consecuencias si se rechaza. Lo expuesto, amplían las posibilidades de decisión sin condicionarla. Justamente, cuando se habla de consentimiento informado se pretende que la decisión sea adoptada libremente y sin condiciones. En este proyecto, no es así.

8. Algunos comparan esta exigencia con otras políticas de «consentimiento informado reforzado» aplicadas en otros países en el contexto del aborto. Desde su área de conocimiento, ¿cree que este tipo de medidas realmente buscan proteger la decisión de la mujer, o responden más bien a otros objetivos, como desincentivar el procedimiento?

Como ya se ha señalado, un consentimiento informado reforzado puede ser legítimo cuando otorga antecedentes para que la persona decida con mayor autonomía. Con todo, si la recepción de determinada información es un requisito para acceder a una prestación, no estamos frente a un consentimiento libremente otorgado. El derecho comparado que se invoca es bastante limitado, pues se reduce a algunos estados norteamericanos, por lo que en ningún caso puede estimarse que lo que se propone en este proyecto es ampliamente aceptado a nivel internacional. Todo lo contrario. Es más, el propio proyecto reconoce los cuestionamientos que han tenido lugar. Por tanto, lo que debe preguntarse es el efecto jurídico que se presenta, si la medida incrementa las capacidades de decisión de la paciente o si constituye un obstáculo para obtener una prestación que la ley ya reconoce. En los términos que se establecen en el proyecto, me inclino por esto último.