Chile frente al narcotráfico
Juan Carlos Gómez: Desafíos legales, institucionales y sociales bajo la lupa de la Ley 20.000
El penalista advierte que, si bien la normativa chilena ha fortalecido las sanciones contra el tráfico de drogas, persisten vacíos legales, falta de diferenciación entre delitos y una institucionalidad débil frente al crimen organizado. Además, propone un enfoque que combine justicia penal, salud pública y prevención comunitaria.
Por Georyelin Dominic Soto Araneda, Universidad de las Américas
En los últimos años, Chile ha experimentado un incremento sostenido en los niveles de delincuencia vinculada al narcotráfico, el microtráfico y el crimen organizado, fenómenos que no solo afectan la seguridad pública, sino también la cohesión social y el desarrollo de comunidades vulnerables. En este complejo escenario, la Ley 20.000 —que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas— se ha consolidado como una de las herramientas jurídicas clave del sistema penal chileno para enfrentar estos delitos.
No obstante, su aplicación ha generado debates tanto en el ámbito jurídico como en el social: ¿es realmente eficaz para desarticular redes criminales? ¿Distingue de forma adecuada entre consumidores, microtraficantes y grandes narcotraficantes? ¿Cuán preparada está la institucionalidad chilena para enfrentar a las organizaciones transnacionales?
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