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Derecho Internacional.

Buques extranjeros que tengan fines de rescate pueden ser controlados por el Estado rector del puerto, resuelve el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Cuando se trata de buques que cumplieron con el deber fundamental de prestar auxilio a las personas que se encuentran en peligro en el mar, las normas de seguridad no serán consideradas cuando las personas se encuentren a bordo, pero sí cuando hayan terminado de desembarcar.

Por Redacción·21 de agosto de 2022·4 min de lectura
Buques extranjeros que tengan fines de rescate pueden ser controlados por el Estado rector del puerto, resuelve el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Referencial

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, resuelve que los buques de organizaciones humanitarias que realizan sistemáticamente actividades de búsqueda y de salvamiento de personas que se encuentran en el mar, quedan sujetos al control por parte del Estado rector del puerto.

En la petición prejudicial, el Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo de Sicilia (Italia), preguntó si se puede controlar a un buque alemán que si bien fue clasificado por Alemania como un buque de carga que desarrolla exclusivamente actividad comercial, en la práctica es utilizado por organizaciones no gubernamentales con fines humanitarios que transporta a un centenar de personas, superando el número máximo al que está capacitado de acuerdo a la dotación del equipamiento técnico. Enseguida, pregunta si los Estados tienen la facultad para poder asegurar que los busques con independencia de la clasificación y certificación que tengan, previenen la contaminación y cumplen con la seguridad de las condiciones de vida y de trabajo a bordo tal como se desprende del Derecho internacional.

Al respecto, el Tribunal de Justicia señala que, de conformidad al Derecho Internacional, a la Directiva sobre el control de los buques por el Estado rector del puerto y al Derecho Italiano, “(…) el Estado rector del puerto puede someter a una inspección adicional a los buques que ejercen una actividad sistemática de búsqueda y de salvamento y que se encuentran en alguno de sus puertos o en las aguas bajo su jurisdicción, tras haber entrado en esas aguas y una vez terminadas todas las operaciones de trasbordo o de desembarco de las personas a las que su respectivo capitán haya decidido prestar auxilio, cuando ese Estado haya acreditado, sobre la base de elementos jurídicos y fácticos detallados, que existían indicios serios que podían demostrar un peligro para la salud, la seguridad, las condiciones de trabajo a bordo o el medio ambiente, teniendo en cuenta las circunstancias de utilización de tales buques.”

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