CIDH y RELE: Argentina debe respetar los derechos de asociación y reunión pacífica, así como garantizar la seguridad de la población.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) manifiestan su preocupación por el uso desproporcionado de la fuerza pública contra personas que participaron en protestas pacíficas y contra periodistas en Argentina y los actos de violencia cometidos por particulares. Urgen al Estado a respetar y garantizar los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, así como garantizar la seguridad de la población y abstenerse de criminalizar la protesta y a quienes participan de ella, y a cumplir con los estándares interamericanos sobre el uso excepcional de la fuerza pública.

El 12 de junio de 2024 tuvieron lugar manifestaciones en las inmediaciones del Congreso de la Nación Argentina, convocadas por organizaciones sindicales, universidades y organismos de derechos humanos para expresar su oposición a la propuesta de «Ley de Bases». En ese contexto, la CIDH y su Relatoría Especial recibieron información sobre el uso desproporcionado de armas menos letales, como irritantes químicos manuales, tonfas, balas de goma y camiones hidrantes por parte de la Policía Federal, la Prefectura Naval y la Gendarmería Nacional durante las manifestaciones. Además, se reportó la presencia de efectivos policiales sin uniforme y de miembros de la Prefectura Naval portando armas de fuego. A ello se suman reportes de varios periodistas y trabajadores de la prensa que resultaron heridos debido al uso presuntamente abusivo de gas pimienta y balas de goma por agentes de la fuerza pública.

Al respecto, el Estado argentino informó que el Grupo de Operaciones Antidisturbios de la Prefectura Naval Argentina cuenta con los estándares de entrenamiento y actuación diseñados e implementados con fines de no causar respuestas desproporcionadas al accionar de manifestantes. Asimismo, indicó que su actuación estuvo dirigida a garantizar el orden público y la convivencia democrática, en irrestricto respeto a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.