Consejo Constitucional Francés. Aerolíneas deben transportar a quienes no son admitidos en Francia sin que ello signifique que se les delegue una potestad pública.

El Consejo Constitucional Francés validó la constitucionalidad de la medida que obliga a transportar de regreso a su lugar de origen a los extranjeros a los cuales se les niegue la entrada a Francia, en caso de que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea. Así, la empresa de transporte aéreo o marítimo estará obligada a devolver inmediatamente a dicho extranjero, a petición de las autoridades encargadas del control de las personas en las fronteras.

El conflicto se originó luego de que Air France alegara que dicha medida significa transferir a una entidad privada labores de policía, pues como aerolínea deben mantener bajo su custodia a individuos que han sido rechazados en su ingreso transfronterizo, en ocasiones por ser considerados peligrosos. Además, la imposición de esta medida les significa un gravamen e impacto económico, pues son multados en caso de negarse a cumplir con el transporte de quienes han sido rechazados.

El Consejo Constitucional Francés, deja claro en su decisión, que la garantía y protección de los derechos de todas las personas requiere del ejercicio de la fuerza pública, y esa circunstancia significa una prohibición de delegar a entidades de carácter privado competencias de policía. Sin embargo, aclara, una cosa es la decisión de ordenar la devolución de una persona no admitida en el territorio -que es competencia exclusiva de las autoridades encargadas del control de las personas en las fronteras, y no de la aerolínea-, pero otra muy distinta es que a las empresas de transporte aéreo sólo puede obligárselas, a petición de dichas autoridades, a hacerse cargo de estas personas y a realizar su transporte, no decidiendo sobre su estatus jurídico.