Corte Constitucional colombiana acoge acción de protección en favor de un pescador afectado por inundaciones provocadas por la construcción de una represa.

La Corte Constitucional de Colombia falló a favor de un hombre afectado por la emergencia ambiental que se desencadenó por la obstrucción de los túneles de la presa del megaproyecto Hidroituango y la consecuente creciente súbita del río Cauca.

El fallo señala que, en mayo de 2018 las comunidades ribereñas de los municipios de Sabanalarga, Ituango, Toledo, San Andrés de Cuerquia, Briceño, Valdivia y Caucasia, debieron desalojar sus tierras por la inundación provocada por el río lo que ocasionó que el recurrente perdiera la totalidad de su vivienda y las fuentes de ingreso, ya que se dedicaba a actividades de barequeo, pesca y agricultura. Tras el desastre, el recurrente presentó una acción de tutela en contra de la empresa Empresas Públicas de Medellín (EPM), debido a que, en mayo de 2020, le suspendió la ayuda humanitaria que desde finales del 2018 venía recibiendo, luego de rechazar la indemnización que le ofrecieron a cambio de renunciar a la acción de reparación directa por los perjuicios ocasionados por la inundación.

La recurrida, EPM respondió que en julio de 2019 la Unidad de Gestión del Riesgo y de Desastres (UNGRD) modificó el nivel de riesgo de alerta roja a alerta naranja, lo cual posibilitó el retorno paulatino de la población que permanecía evacuada al sector siniestrado. Con esta decisión, la EPM determinó que el apoyo económico entregado al recurrente era innecesario. Además, aclaró que el rechazo de la oferta económica habilitaba la finalización de la asistencia.