Derecho a un medio ambiente sano.
Corte IDH condena a Perú por su responsabilidad en la contaminación ambiental que afecta a los habitantes de una ciudad minera.
La obligación de prevención en materia ambiental impone al Estado el deber de regular, supervisar y fiscalizar las actividades que impliquen riesgos significativos al medio ambiente. Asimismo, el Estado tiene la obligación de prevenir la contaminación ambiental como parte de su deber de garantizar el derecho a la salud, la vida digna y la integridad personal, lo que a su vez conlleva el deber de proveer servicios de salud a personas afectadas por dicha contaminación.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado peruano por su responsabilidad internacional en la contaminación ambiental que afectó a una comunidad de pobladores. Se acreditaron los perjuicios a la salud de los afectados, y actos de hostigamiento y amenazas hacia algunas de las víctimas por sus actividades en defensa del medio ambiente. El Estado deberá cumplir una serie de medidas de reparación.
El caso se desarrolla en la ciudad de La Oroya, Perú, donde desde 1922 opera un complejo metalúrgico que ha generado preocupación por su impacto ambiental y a la salud pública. Estudios han demostrado una alta contaminación atmosférica y del suelo, atribuida mayormente a la actividad del complejo, y presencia de plomo en la sangre de la población local que excede los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin ir más lejos, en 2006 fue incluida en el ranking de las “diez ciudades más contaminadas del mundo”.
En virtud de estos antecedentes, en 2022 sus habitantes solicitaron a las autoridades la implementación de medidas concretas para abordar la situación. Por otro lado, Tribunal Constitucional ordenó proteger la salud de la población afectada y realizar programas de vigilancia epidemiológica y ambiental; y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas cautelares en 2007.
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