Legislación rumana que impide a asociaciones de jueces impugnar los nombramientos de fiscales en casos de corrupción no contraviene el Derecho de la Unión, resuelve el TJUE.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó, en el marco de una cuestión prejudicial, que el Derecho de la Unión no exige que se confiera a las asociaciones profesionales de jueces y fiscales el derecho a impugnar decisiones relacionadas con el nombramiento de los fiscales.

En el presente caso, una asociación profesional de jueces y otra de fiscales en Rumanía objetaron el nombramiento de ciertos persecutores encargados de investigar casos de corrupción. Adujeron que las disposiciones procesales nacionales que regulan estos nombramientos contravienen el Derecho de la Unión Europea y que, por ende, debían ser inaplicadas.

El Tribunal de Apelación de Pitești, que conoce de la controversia, solicitó la opinión del TJUE respecto a la conformidad de las normas procesales rumanas. Específicamente, buscó determinar si la restricción de la capacidad de las asociaciones de jueces y fiscales para impugnar los nombramientos de estos últimos, condicionando la admisibilidad de los recursos a la existencia de un interés legítimo privado, contraviene el Derecho de la Unión Europea.