Medidas cautelares en el contexto de VIF deben estar supeditadas a un plazo que tras su cumplimiento permita al juez evaluar si corresponde su prórroga.

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata (Argentina), desestimó el recurso de apelación deducido por un hombre imputado por violencia intrafamiliar que alegó la improcedencia de una medida cautelar dictada en su contra pues su cumplimiento estaba supeditado a una condición y no a un plazo.

Un tribunal de primera instancia dictó una orden de alejamiento contra el recurrente por ejercer violencia intrafamiliar. Esta medida cautelar fue prorrogada en varias ocasiones, aunque la última vez no fijó un plazo de duración, sino que supeditó la extensión de la medida a la condición de que el imputado se sometiera a un tratamiento psicológico y obtuviera un informe médico de alta y/o culminación de tratamiento.

Contra esta decisión dedujo un recurso de apelación por considerar la medida atentatoria a sus derechos. Fundó su pretensión en que “(…) no presenta riesgo cierto e inminente para sí o para terceros, y que el aislamiento social que manifiesta no impresiona como saludable, no habilitan a mantener sin plazo de duración la medida cautelar, pues la decisión de cualquier tratamiento que pudiere serle aconsejado, queda en su esfera íntima y privada y es su derecho elegir someterse al mismo”. Por lo anterior solicitó el alzamiento o modificación de la medida, aduciendo que afecta garantías de raigambre constitucional.