Obligaciones adicionales que un tercer Estado miembro impone a proveedores de servicios en línea ya establecidos en otro Estado miembro son contrarias al Derecho de la Unión Europea.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó, en el marco de una decisión prejudicial, que un Estado miembro no puede imponer obligaciones adicionales a un proveedor de servicios en línea establecido en otro Estado miembro. Resolvió que estas obligaciones no están comprendidas en las excepciones permitidas por la Directiva sobre el comercio electrónico.

En Italia, los prestadores de servicios de intermediación y motores de búsqueda en línea, como Airbnb, Expedia, Google, Amazon y Vacation Rentals, están sujetos a determinadas obligaciones según disposiciones nacionales. Estas disposiciones tienen como objetivo asegurar la aplicación efectiva del Reglamento sobre la equidad y transparencia para los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea. Las obligaciones incluyen la inscripción en un registro, la presentación periódica de un informe económico, la comunicación de diversa información detallada y el pago de una contribución económica.

En este contexto, las referidas empresas impugnaron estas obligaciones, alegando que aumentan las cargas administrativas en contravención del Derecho de la Unión Europea. En particular, invocan el principio de libre prestación de servicios y aducen que, al estar principalmente sujetas al régimen jurídico de su Estado miembro de establecimiento (Irlanda o Luxemburgo), el Derecho italiano no puede imponerles requisitos adicionales relativos al acceso a la actividad de servicios informativos. Así, el tribunal del caso remitió la cuestión al TJUE para dirimir el litigio.