Tribunal Supremo de España confirma absolución de Deloitte y de ex vicepresidente del Gobierno de José María Aznar por los delitos de estafa y de falsedad contable.

El Tribunal Supremo de España desestimó un recurso de casación interpuesto por un grupo de accionistas en contra de la sentencia de la Audiencia Nacional que absolvió a 34 acusados por los delitos de falsedad contable y de estafa.

El caso tiene su origen luego que siete cajas de ahorro en el año 2010, con ocasión de la crisis económica en España iniciada en el año 2007, suscribieron un protocolo de integración en virtud del cual se comprometieron a negociar de buena fe un acuerdo para la constitución de un sistema institucional de protección de base contractual (SIP), amparado por diferentes medidas impulsadas por las autoridades españolas, que tenían por objeto restructurar y reforzar los recursos propios de las entidades de créditos que participaran en procesos de integración/fusión. Dicho protocolo fue acompañado por un Plan de Integración realizado por Analistas Financieros Internacionales y por Deloitte. Tanto el protocolo como el plan de integración fueron aprobados por el Banco de España, lo que permitió que la Comisión del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria le comunicara a la Comisión Europea de apoyar el plan de integración y, que en marzo de 2011 el SIP liderado por Caja Madrid, cuyo presidente era Rodrigo Rato, ex vicepresidente del Gobierno de José María Aznar, presentara su nuevo nombre comercial “Bankia”, cuya entidad y con la intención de ser mas atractiva al inversor, aislándose con su nuevo nombre de los pasivos y riesgos que se mantenían en la matriz de uno de los bancos que suscribieron el SIP, salió a la bolsa en julio de 2012, emitiéndose más de 800 millones de nuevas acciones, con un valor nominal de 2 euros y una prima de emisión de 1,75 euros, lo que supuso una captación total de 3.092 millones de euros. Sin embargo, durante el año 2012, las acciones comienzan a caer, y se revela que el banco durante el 2011 sufrió una perdida alrededor de los 2.900 millones de euros, cuyo plan de saneamiento fue recibir del Estado cerca de 24.000 millones de euros.

Lo anterior, permitió que el partido político Unión Progreso y Democracia, junto a asociaciones de accionistas se querellaran por los delitos de estafa y falsedad contable, porque estimaban que Bankia habría maquillado las cifras en el Plan de Integración para poder salir a la Bolsa y captar inversores, pero la Audiencia Nacional declaró la absolución.