Vigilancia masiva y su impacto en los derechos fundamentales a nivel global

El avance tecnológico en las comunicaciones, que dio origen a sistemas de mensajería encriptada como Sky ECC, derivó en una controversia judicial de gran alcance. Lo que nació como un proyecto para garantizar privacidad absoluta mediante cifrado integral se transformó en una de las operaciones de vigilancia más extensas de la historia reciente de Europa, planteando dudas sobre la legalidad de utilizar pruebas obtenidas mediante interceptaciones masivas sin control judicial efectivo.

Sky ECC surgió en un contexto de creciente desconfianza hacia las aplicaciones tradicionales, como WhatsApp, y ofreció confidencialidad total a sus usuarios. Esa promesa atrajo tanto a quienes buscaban proteger información sensible como a organizaciones criminales que aprovecharon el blindaje tecnológico para ocultar actividades ilícitas. En 2018, la Policía Judicial Federal de Amberes inició una investigación que derivó en una operación transnacional con Países Bajos y Francia, coordinada por Europol. La fiscalía de Lille autorizó en 2019 el acceso a los servidores de Sky ECC, ubicados en Roubaix, Francia, mediante software malicioso que permitió recolectar masivamente datos hasta diciembre de 2020.

En febrero de 2021 comenzaron a extraerse cientos de millones de mensajes de unos 70.000 usuarios en todo el mundo. El material fue compartido a través de Europol con distintas fiscalías nacionales, pero sin las garantías forenses básicas: carecía de metadatos, direcciones IP, imagen forense y cadena de custodia, lo que imposibilitó verificar autenticidad, integridad y atribución a individuos concretos.