Condenan a dos policías por disparos injustificados en Quilicura

El tribunal recordó que el artículo 150 D del Código Penal sanciona al funcionario público que, abusando de su cargo, aplique, ordene o tolere apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes que no constituyan tortura.

Precisó que este delito no exige una finalidad específica ni necesariamente dolo directo, sino que basta con que el autor conozca que su conducta genera un riesgo jurídicamente desaprobado. En este caso, los dos policías conocían las reglas sobre uso de armas de fuego y el riesgo de provocar terror y pánico al disparar sin justificación.

Aunque ninguno de los ocupantes resultó herido, las evaluaciones realizadas conforme al Protocolo de Estambul acreditaron importantes consecuencias psicológicas en dos de las víctimas.

Las pericias determinaron que el conductor presentaba estrés postraumático crónico y severo, con ansiedad, alteraciones del sueño y cambios importantes en su vida cotidiana, laboral y económica.

Su hijo, en tanto, fue diagnosticado con un cuadro ansioso-depresivo con síntomas postraumáticos. Ambos perdieron sus trabajos poco después de los hechos, mientras que el joven además sufrió consecuencias académicas y perdió una beca.

El tribunal consideró que los efectos psicológicos fueron persistentes y compatibles con tratos crueles, inhumanos y degradantes, constatando incluso durante el juicio que el conductor continuaba afectado más de cinco años después de lo ocurrido.

Las defensas señalaron que los tres funcionarios habían sido sobreseídos en una investigación administrativa interna de la PDI, pero el tribunal precisó que esa decisión no era vinculante para el proceso penal.

La sentencia tuvo por acreditado que dos policías realizaron disparos injustificados y desproporcionados contra el vehículo, infringiendo las normas sobre uso de la fuerza. Por unanimidad, el tribunal calificó los hechos como delito consumado de apremios ilegítimos, previsto en el artículo 150 D del Código Penal.

El tribunal absolvió al tercer funcionario, quien era jefe de la patrulla y conducía el vehículo policial, porque no realizó disparos ni se acreditó que hubiera ordenado a sus compañeros efectuar los disparos o participado directamente en el delito.

El tribunal condenó a los otros dos funcionarios como autores de apremios ilegítimos por efectuar disparos injustificados contra el vehículo de las víctimas.

A ambos les reconoció las atenuantes de irreprochable conducta anterior y colaboración sustancial, pues entregaron sus armas, admitieron los disparos y reconocieron conocer la normativa institucional, lo que permitió rebajar la pena.

Al funcionario que disparó durante la persecución se le impusieron 61 días de presidio menor en su grado mínimo y suspensión de cargo u oficio público, al estimarse que su conducta tuvo menor gravedad comparativa y que no se acreditaron malos tratos físicos o verbales de su parte.

El segundo funcionario fue condenado a 300 días de presidio menor en su grado mínimo y suspensión de cargo u oficio público, debido a la mayor gravedad de su conducta, especialmente por amenazar con un arma al hijo del conductor y el impacto psicológico que ello provocó.

Ambos condenados cumplirán sus penas mediante remisión condicional por un año, bajo control de Gendarmería. En el caso del funcionario que actualmente se encuentra en prisión preventiva por otra causa, el beneficio se hará efectivo una vez que se resuelva ese proceso, respetándose mientras tanto su presunción de inocencia.

La sentencia también dejó constancia de que ninguno registra días de abono, eximió a las partes del pago de costas, dispuso omitir las condenas de los certificados de antecedentes para fines laborales y ordenó cancelar las inscripciones de armas de fuego que pudieran mantener una vez que el fallo quede firme.

Vea sentencia Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago Rol Nº483-2025.