Corte acoge nulidad, recalcula pena por media prescripción y da por cumplida la pena

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió parcialmente un recurso de nulidad penal deducido contra la sentencia del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, que condenó a un acusado como autor del delito de tráfico de pequeñas cantidades de sustancias estupefacientes, previsto y sancionado en el artículo 4° de la Ley N°20.000, en relación con el artículo 1° del mismo cuerpo legal, por hechos ocurridos en la comuna de Santiago.

La sentencia recurrida le había impuesto una pena de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio, además de las accesorias legales correspondientes y una multa de un tercio de unidad tributaria mensual.

La defensa fundó el recurso en dos causales, una principal vinculada con el deber de fundamentación de las sentencias y otra, subsidiaria, referida a la errónea aplicación de las normas sobre media prescripción de la responsabilidad penal.

En cuanto a la primera causal, la defensa invocó el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, en relación con el artículo 342 letra c) y el artículo 297 del mismo cuerpo legal. Sostuvo que la sentencia no contenía una exposición clara, lógica y completa de los hechos que se tuvieron por acreditados ni una valoración de la prueba conforme a los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, afectando con ello el deber de motivación de toda resolución judicial.

La defensa cuestionó el análisis efectuado por el tribunal oral, argumentando que ningún funcionario policial había presenciado directamente la venta de drogas, que las fotografías aéreas obtenidas mediante un dron no permitían acreditar su fecha y que el inmueble donde fueron incautadas las sustancias pertenecería al hermano del acusado.

Al analizar este planteamiento, la Corte recordó la jurisprudencia de la Corte Suprema, conforme a la cual el deber de motivación exige que la sentencia explique claramente cómo y por qué arriba a su decisión, dando cuenta del razonamiento utilizado. Sin embargo, precisó que el solo hecho de que un tribunal rechace la tesis de la defensa no implica, por sí mismo, una infracción a las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia o los conocimientos científicamente afianzados.

En este caso, el tribunal de alzada concluyó que la sentencia recurrida entregó razones suficientes para sustentar sus conclusiones fácticas. Al respecto, destacó que el tribunal oral analizó los testimonios de cuatro funcionarios de la Policía de Investigaciones, quienes declararon sobre las vigilancias realizadas al inmueble, el control de identidad practicado al comprador después del traspaso de manos con el acusado y el posterior ingreso, registro e incautación, diligencia en la que se encontró un bolso con droga, dinero y documentación personal del condenado.

La Corte consideró que estos antecedentes constituían un fuerte indicio del dominio del acusado sobre las sustancias incautadas. Añadió que los testimonios fueron respaldados por la prueba fotográfica y documental rendida en juicio, sin que se advirtieran contradicciones capaces de invalidarlos. Asimismo, descartó la hipótesis alternativa planteada por la defensa, atendido el contenido de las vigilancias, que establecieron que el hermano del acusado residía en otra comuna y no en el inmueble donde fueron encontradas las sustancias.

Por estas razones, la Corte rechazó la primera causal de nulidad.

En forma subsidiaria, la defensa invocó la causal del artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, alegando una errónea aplicación del derecho que habría influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo. El cuestionamiento se dirigió contra la decisión del tribunal oral de rechazar la media prescripción de la responsabilidad penal, conforme a los artículos 103 y 96 del Código Penal.

La defensa sostuvo que la formalización de la investigación interrumpe el plazo de prescripción, pero que, si posteriormente transcurren tres años sin diligencias relevantes, la prescripción vuelve a correr como si la interrupción no hubiese ocurrido. Agregó que, una vez transcurrida la mitad del plazo de prescripción correspondiente a los simples delitos, el artículo 103 del Código Penal obliga a considerar una atenuación de responsabilidad, debiendo determinarse la pena conforme a las reglas de los artículos 65 a 68 del mismo cuerpo legal.