Corte confirma condenas por crimen de empresario frutícola

La Corte de Apelaciones de Rancagua rechazó los recursos de nulidad interpuestos por las defensas de tres personas condenadas por su participación en el homicidio calificado de un empresario frutícola, cometido en marzo de 2024 en el kilómetro 61 de la Ruta 5 Sur, en la comuna de San Francisco de Mostazal.

En fallo unánime, el tribunal de alzada descartó que la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua incurriera en errores de derecho o en infracciones a las reglas de la sana crítica, por lo que mantuvo las penas impuestas.

El Tribunal Oral había condenado a una mujer a presidio perpetuo simple, en calidad de coautora inductora del delito consumado de homicidio calificado. Otro de los acusados recibió una pena de 18 años de presidio efectivo, como autor colaborador del delito, mientras que una tercera condenada fue sentenciada a 10 años de reclusión, en calidad de cómplice.

Al revisar los recursos, la Corte reconoció que no existía prueba directa que vinculara a las acusadas con el homicidio. Sin embargo, destacó que durante el juicio se rindió abundante prueba indiciaria o indirecta que permitió a los jueces alcanzar la convicción de que los acusados planificaron la muerte de la víctima y distribuyeron distintas funciones para concretar el crimen.

El tribunal de alzada concluyó que la sentencia cumplió con las exigencias legales, pues expuso detalladamente los hechos que tuvo por acreditados, identificó los medios de prueba utilizados para establecerlos y desarrolló un razonamiento coherente, suficiente y ajustado a las reglas de la sana crítica.

Respecto de una de las condenadas, la Corte destacó especialmente los antecedentes técnicos obtenidos mediante la geolocalización de su teléfono celular.

Según el fallo, estos registros permitieron establecer que la mujer estuvo presente, el día en que ocurrió el crimen, en distintos puntos considerados relevantes dentro del recorrido de un camión blanco por el sector Los Lagartos, en la comuna de San Francisco de Mostazal.

A partir de esta y otras pruebas aportadas por el Ministerio Público, los jueces atribuyeron a la acusada una intervención en la fase operativa del delito. En concreto, se estableció que colaboró en el traslado de los autores materiales y de la motocicleta utilizada, facilitó su huida y participó en acciones destinadas a eliminar evidencias.