Corte confirma multa de 240 UTM a Enel por no reconocer inyecciones de energía durante casi tres años

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por Enel Distribución Chile S.A. en contra de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), que le impuso una multa de 240 UTM por una infracción grave relacionada con la medición y facturación de inyecciones de energía eléctrica.

La empresa había impugnado la Resolución Exenta N°37.302, de 18 de marzo de 2026, que rechazó el recurso de reposición presentado contra la Resolución Exenta N°35.912, de 3 de noviembre de 2025, mediante la cual se aplicó la sanción.

El procedimiento se originó luego de que la SEC detectara que Enel había aplicado de manera invertida los códigos OBIS correspondientes a las inyecciones y consumos de energía de un cliente que contaba con equipamiento de generación. La situación se extendió entre julio de 2022 y mayo de 2025, provocando que las inyecciones efectuadas por el usuario no fueran correctamente medidas, valorizadas ni descontadas de su facturación.

Enel sostuvo que la conducta no podía ser calificada como infracción grave, pues, a su juicio, la afectación de la calidad comercial del servicio no bastaba para comprometer la calidad del servicio en los términos exigidos por la Ley N°18.410. También alegó vulneración del principio de congruencia, falta de motivación y desproporción de la multa, considerando que había regularizado la situación antes de la sanción.

La SEC solicitó rechazar el reclamo, argumentando que la normativa obliga a las empresas distribuidoras a obtener correctamente las medidas de las inyecciones y asegurar que estas sean valorizadas y descontadas de los cargos por suministro eléctrico. Agregó que la correcta medición y facturación constituye una manifestación de la calidad comercial del servicio.

Al resolver, la Corte señaló que el artículo 149 bis de la Ley General de Servicios Eléctricos y el artículo 50 del Decreto Supremo N°57 de 2019 no establecen únicamente una obligación formal de efectuar la lectura de las inyecciones, sino que buscan asegurar que la energía aportada por el usuario sea medida, valorizada y reconocida económicamente en su facturación.