Corte de Santiago ordena transparentar convenios de Migraciones y descarta riesgos para la seguridad nacional

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un reclamo de ilegalidad presentado por el Servicio Nacional de Migraciones contra una decisión del Consejo para la Transparencia (CPLT) que ordenó entregar antecedentes sobre programas institucionales y convenios de coordinación con otros organismos públicos. El tribunal concluyó que el servicio no acreditó que la divulgación de esos documentos afectara concretamente la seguridad nacional o el orden público y que la legislación le impedía impugnar judicialmente la entrega de información cuya reserva había fundado en el funcionamiento interno de la institución.

La controversia se originó en una solicitud de información presentada por la Fundación Familia Migrante en julio de 2025, mediante la cual requirió al Servicio Nacional de Migraciones antecedentes sobre iniciativas anunciadas en su Cuenta Pública Participativa. Entre ellas figuraban mejoras en la atención a usuarios, programas de inserción laboral, mecanismos de inclusión y atención con enfoque de género, además de convenios de coordinación e intercambio de información con organismos policiales, judiciales y administrativos, vinculados con la interoperabilidad de sistemas y la Bolsa Nacional de Empleo.

En noviembre de 2025, el Servicio Nacional de Migraciones entregó parcialmente la información solicitada y mantuvo en reserva determinados convenios interinstitucionales. Respecto de los acuerdos con Carabineros, el Ministerio Público y la PDI, alegó que su divulgación podía afectar la seguridad nacional y el orden público al revelar mecanismos de coordinación y control migratorio. En cuanto a los convenios con el Servicio Electoral, el Registro Civil y el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, sostuvo que aún estaban en tramitación y que su publicidad podía interferir en las negociaciones previas a su aprobación.

Ante la negativa, la fundación recurrió al CPLT, que acogió el amparo y ordenó entregar los antecedentes solicitados, resguardando previamente los datos personales y sensibles que pudieran contener. Asimismo, tuvo por entregada fuera de plazo determinada información relativa al índice de inclusión laboral y al convenio con la Subsecretaría del Trabajo.

El Servicio Nacional de Migraciones recurrió ante la Corte de Santiago, alegando que divulgar los convenios con organismos policiales y persecutores podía revelar mecanismos de detección y control migratorio, facilitando su evasión por organizaciones criminales. Además, sostuvo que la Constitución no obliga a publicar toda la información administrativa, sino principalmente los actos definitivos, por lo que los antecedentes preparatorios y convenios aún en negociación podían mantenerse reservados, interpretación que respaldó con jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

El CPLT solicitó rechazar el reclamo, sosteniendo que los documentos eran públicos y que las causales de reserva debían interpretarse restrictivamente. Además, alegó que el Servicio Nacional de Migraciones estaba legalmente impedido de impugnar la entrega de información cuya reserva había fundado en el debido cumplimiento de sus funciones, conforme al artículo 28 de la Ley N°20.285. Respecto de los convenios policiales, afirmó que no se acreditó un riesgo concreto para la seguridad nacional y que los datos personales y sensibles podían protegerse mediante el principio de divisibilidad.

La Fundación Familia Migrante, pese a haber sido notificada del reclamo judicial, no presentó observaciones dentro del plazo establecido.

Al resolver la controversia, la Corte de Santiago recordó que la Constitución y la Ley de Transparencia consagran como regla general la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos de los organismos públicos, así como de sus fundamentos. En consecuencia, toda persona tiene derecho a solicitar información que obre en poder de la Administración, salvo que concurra alguna de las excepciones expresamente establecidas por la ley.