Corte Suprema confirma multa de 500 UTM a centro de cultivo por informar cosechas de ostras superiores a su capacidad declarada

La empresa recurrió ante la Corte Suprema, alegando que los tribunales habían aplicado incorrectamente la normativa pesquera. Sostuvo que los hechos debían sancionarse conforme a las disposiciones relativas a la omisión o entrega incompleta de información, que contemplan una multa distinta, y no mediante la norma utilizada para castigar la entrega de antecedentes falsos.

También cuestionó la metodología de fiscalización, argumentando que la autoridad había examinado solamente 40 de los aproximadamente 1.854 canastillos existentes en el centro de cultivo, una muestra que consideró insuficiente para obtener conclusiones confiables. Agregó que no se había informado la desviación estándar empleada en el cálculo ni se había demostrado el rigor científico de los resultados.

La recurrente afirmó, además, que los registros estadísticos habían sido entregados previamente a SERNAPESCA sin recibir observaciones, por lo que debían considerarse válidos. Señaló que no desconocía la existencia de errores y que disponía de los antecedentes requeridos al momento de la inspección.

Asimismo, sostuvo que la presunción legal de responsabilidad asociada a las actuaciones de la autoridad fiscalizadora afectaba el debido proceso, al otorgar valor probatorio a los antecedentes elaborados por el mismo organismo encargado de formular la denuncia.

Al examinar el recurso, la Corte Suprema recordó que la determinación de los hechos corresponde a los tribunales de instancia y que sus conclusiones solo pueden modificarse mediante casación cuando se acredita una infracción a las normas que regulan la valoración de la prueba.

Explicó que la apreciación conforme a las reglas de la sana crítica exige respetar los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, además de fundamentar las conclusiones alcanzadas.

Sin embargo, advirtió que la empresa no identificó de manera precisa cómo se habrían vulnerado esas reglas, limitándose a cuestionar la valoración de los antecedentes efectuada por los jueces.

Respecto de la carga de la prueba, el máximo tribunal descartó que se hubiera alterado indebidamente. Señaló que, conforme al artículo 125 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, correspondía a la denunciada desvirtuar la presunción legal asociada a la denuncia, lo que no consiguió mediante las pruebas presentadas.

La Corte también rechazó el cuestionamiento sobre la norma sancionatoria aplicada. Precisó que los tribunales habían establecido la entrega de información falsa sobre las existencias y producción de ostras chilenas, conducta distinta de la omisión o presentación incompleta de antecedentes.

En consecuencia, concluyó que la multa impuesta conforme al artículo 113 de la Ley General de Pesca y Acuicultura se ajustaba a la infracción acreditada.

Por estas razones, la Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo por manifiesta falta de fundamento, manteniendo la sentencia de la Corte de Puerto Montt y la multa de 500 UTM aplicada al centro de cultivo.

Vea sentencia Corte Suprema Rol Nº42.240-2026, Corte de Puerto Montt Rol Nº1422-2025 y del Juzgado de Letras de Castro Rol C-189-2024.