Corte de Valparaíso rechaza nulidad y mantiene unidad económica entre empresas demandadas

Finalmente, cuestionó la aplicación del artículo 172, inciso primero, del Código del Trabajo respecto de la base utilizada para calcular las prestaciones laborales. Sostuvo que esta debía corresponder a las remuneraciones efectivamente recibidas por el trabajador y que ese monto debía acreditarse mediante las liquidaciones de sueldo.

Añadió que las empresas habían acompañado sus propias liquidaciones, de las cuales se desprendía que la remuneración real era de $1.589.917. A su juicio, esos documentos no habían sido valorados correctamente.

Al resolver el recurso, la Corte de Apelaciones recordó que la nulidad es un recurso extraordinario y que solo permite revisar determinadas infracciones. En este caso, consideró que los argumentos de la defensa buscaban principalmente que el tribunal de alzada volviera a valorar las pruebas y llegara a una conclusión diferente de la adoptada por el juez de primera instancia. Según la Corte, esa no es la finalidad de este recurso.

El tribunal señaló que, aunque la defensa sostuvo que se habían vulnerado las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, sus argumentos no demostraban esas infracciones.

Respecto de la testigo que era pareja del trabajador, la Corte indicó que el tribunal de primera instancia no se había basado únicamente en su declaración para establecer la continuidad de la relación laboral y la existencia de una unidad económica entre las empresas.

Explicó que también se habían considerado otros antecedentes, entre ellos la declaración de otro testigo, el reconocimiento tácito atribuido a dos declarantes sobre la existencia de confusión entre las empresas y un informe de la Inspección del Trabajo. Este último señalaba que las empresas y la persona natural demandada tenían el mismo domicilio.

A ello se sumaron antecedentes de registros de la Dirección del Trabajo, del Servicio de Impuestos Internos y de DICOM Equifax, según los cuales las empresas compartían los mismos códigos de actividad económica.

La sentencia también consideró que la persona natural demandada tenía vínculos societarios con ambas empresas y que estas incluso compartían una dirección de correo electrónico de contacto. Además, la misma persona figuraba como representante legal de ambas compañías.

Sobre las declaraciones de los testigos, la Corte explicó que el tribunal había aplicado el artículo 456 del Código del Trabajo, que establece que la prueba debe ser valorada conforme a las reglas de la sana crítica.

Para el tribunal de alzada, la existencia de una unidad económica no se estableció únicamente por la falta de determinados documentos, sino por la valoración conjunta de las declaraciones de los testigos y de los demás antecedentes incorporados al juicio.

Por ello, descartó que se hubieran vulnerado las reglas de la lógica o las máximas de la experiencia.

La Corte también rechazó el argumento relacionado con la falta de presentación de documentos. Señaló que la ausencia de los finiquitos y contratos fue considerada junto con las demás pruebas y que, por lo tanto, la conclusión sobre la existencia de una unidad económica no se basó exclusivamente en la falta de esos documentos.

En cuanto a la continuidad de la relación laboral, la Corte tuvo presente que la sentencia de primera instancia había considerado que el trabajo en la otra empresa solo se extendió durante tres días. Durante ese período, el trabajador podía prestar servicios para ambas empresas porque estaba exento de limitación de jornada.

El tribunal agregó que tampoco existía en el proceso la renuncia que supuestamente habría presentado el trabajador durante 2023. La Inspección del Trabajo había informado que no registraba una renuncia presentada por él durante ese año.

Aunque se sostuvo que ese documento había sido destruido en los incendios que afectaron a Viña del Mar, tampoco se incorporó prueba que acreditara esa circunstancia.

Por estas razones, la Corte concluyó que tampoco se había demostrado el vicio alegado respecto de la continuidad de la relación laboral.

En cuanto a la causal subsidiaria del artículo 477 del Código del Trabajo, la Corte descartó la supuesta infracción del artículo 3, inciso quinto. Consideró que el planteamiento de la defensa se refería nuevamente a la forma en que el tribunal había valorado la prueba y no a una verdadera infracción de ley que pudiera ser revisada mediante esa causal.

Además, compartió el razonamiento del tribunal de primera instancia respecto de que no debía confundirse la situación de la persona natural demandada, a la que se aplicó el artículo 3, inciso quinto, del Código del Trabajo, con las reglas que permiten determinar si existe una unidad económica entre dos o más empresas.

La Corte llegó a la misma conclusión respecto de los cuestionamientos relacionados con los artículos 453 N°6 y 172, inciso primero, del Código del Trabajo. Estimó que estos argumentos también cuestionaban la forma en que el tribunal de primera instancia había valorado la prueba y que, por lo mismo, no demostraban una infracción de ley propiamente tal.

En consecuencia, rechazó el recurso de nulidad.

De esta manera, la Corte de Valparaíso mantuvo la sentencia del Juzgado del Trabajo de esa ciudad. Así, quedó vigente la decisión que estableció que las empresas demandadas formaban una unidad económica, declaró la nulidad del autodespido para efectos remuneracionales y mantuvo las condenas laborales establecidas en primera instancia.

Vea sentencia Corte de Valparaíso Rol N°396-2026(Laboral Cobranza).