Corte Suprema confirma condena de 7 años por tráfico y descarta nulidad por supuestos vicios procesales

La Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad interpuesto por la defensa del acusado en contra de la sentencia dictada por el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, que lo condenó como autor del delito de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes, previsto en el artículo 3° en relación con el artículo 1° de la Ley 20.000, en grado de consumado, ocurrido el 16 de abril de 2024 en Santiago, a la pena de siete años de presidio mayor en su grado mínimo, multa de 10 UTM, accesorias legales y cumplimiento efectivo de la pena corporal.

En su recurso, la defensa invocó como causal principal la prevista en el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, en relación con los artículos 342 letra c), 297, 36 y 9 del mismo cuerpo legal, denunciando la ausencia de un procedimiento racional de valoración probatoria. En particular, sostuvo que el tribunal otorgó valor central a la declaración de un funcionario de la Policía de Investigaciones que habría señalado que el acusado se reconocía a cargo de la pieza donde se almacenaba droga, declaración contenida en un documento denominado “Anexo 17”, el cual —según alegó— no fue incorporado a la carpeta investigativa, vulnerando el deber de descubrimiento, el principio de contradicción y el de razón suficiente.

Asimismo, la defensa argumentó que la sentencia sustituyó el análisis de hechos personales concretos por inferencias generales sobre el contexto del delito y la magnitud del hallazgo, imputando responsabilidad a partir de la cercanía espacial y circunstancias generales, lo que —a su juicio— constituye un razonamiento inductivo defectuoso contrario a la sana crítica y al estándar de certeza más allá de toda duda razonable.

En subsidio, invocó la causal del artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, denunciando infracción sustancial de derechos y garantías fundamentales, en particular del derecho a defensa técnica efectiva, debido a la falta de incorporación del referido “Anexo 17”, lo que habría impedido conocer, analizar y controvertir un antecedente decisivo en la condena.

Los hechos establecidos por los sentenciadores dan cuenta de que, a partir de antecedentes obtenidos mediante cooperación eficaz, se detectó que un inmueble ubicado en la comuna de Estación Central, era utilizado para el acopio y distribución de drogas destinadas a microtraficantes, especialmente en la comuna de La Florida. Con autorización judicial, el 16 de abril de 2024 funcionarios de la Policía de Investigaciones ingresaron al domicilio, encontrando al acusado y diversas cantidades de sustancias ilícitas en distintas dependencias.