Corte Suprema confirma indemnización de más de $21 millones a propietarios de terreno atravesado por oleoducto de ENAP

La Corte Suprema rechazó un recurso de casación en el fondo presentado por ENAP contra la sentencia que fijó una indemnización de $21.875.000 a favor de los propietarios de un predio agrícola de Chimbarongo, afectado por la instalación de un oleoducto. El máximo tribunal concluyó que la compensación se encontraba debidamente fundamentada en la pérdida de valor comercial del terreno y que no existieron errores de derecho en la valoración de la prueba pericial.

El conflicto surgió cuando ENAP solicitó constituir servidumbres sobre un predio rural atravesado por su oleoducto, destinadas al tendido de tuberías y al acceso para su vigilancia, mantenimiento y reparación. El Segundo Juzgado de Letras de San Fernando acogió la demanda y fijó una indemnización de $21.875.000, reajustable según el IPC. La Corte de Rancagua confirmó la decisión, precisando que la servidumbre abarcaba 4.233,6 metros cuadrados, correspondientes a una franja de 12 metros de ancho y 352,8 metros de largo.

La empresa recurrió ante la Corte Suprema para cuestionar la indemnización, alegando que el informe pericial carecía de antecedentes suficientes para justificar los valores de mercado utilizados y las características de los terrenos comparados. También sostuvo que existía una contradicción entre la superficie ocupada por el oleoducto, de aproximadamente 0,42 hectáreas, y las 3,5 hectáreas consideradas para calcular la pérdida de valor comercial. Afirmó que se vulneraron las reglas de la sana crítica y que correspondía a los jueces, y no al perito, determinar la compensación. Por ello, solicitó utilizar el avalúo fiscal y limitar el cálculo a la superficie directamente afectada, reduciendo la indemnización a $3.902.872 o a una suma inferior a la fijada.

La Corte Suprema examinó las características agrícolas del predio, ubicado en una zona de cultivos de alto rendimiento, considerando su disponibilidad de agua, condiciones del suelo, productividad y costos agrícolas. Asimismo, distinguió entre la superficie directamente ocupada por el oleoducto, de aproximadamente 0,42 hectáreas, y el área de 3,5 hectáreas cuyo valor comercial resultaba afectado por su presencia. Según el peritaje, esta última experimentaba una disminución del 25% de su valor debido a las dificultades para una eventual venta, lo que justificaba la indemnización de $21.875.000.

La Corte Suprema descartó que existiera una contradicción en ese razonamiento. Explicó que la indemnización no se había calculado exclusivamente sobre la superficie ocupada por la tubería, sino sobre el perjuicio económico que su presencia ocasionaba en un sector más amplio de la propiedad.

Por ello, concluyó que la diferencia entre la extensión de la servidumbre y el área considerada para determinar la pérdida de valor no constituía un error lógico ni justificaba modificar la compensación.

En cuanto a la valoración del informe pericial, el máximo tribunal recordó que el artículo 425 del Código de Procedimiento Civil establece que los jueces deben apreciar esta prueba conforme a las reglas de la sana crítica.

Explicó que este sistema permite a los tribunales valorar libremente los antecedentes presentados, siempre que sus conclusiones se encuentren debidamente fundamentadas y respeten los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados.

La sentencia precisó que la apreciación de los informes periciales corresponde, por regla general, a los jueces que conocen directamente el juicio, pues se trata de una valoración destinada a establecer los hechos del caso.

Sin embargo, aclaró que esa facultad no es absoluta. La Corte Suprema puede revisar excepcionalmente dicha valoración cuando se aparta manifiestamente de las reglas de la sana crítica y conduce a una decisión arbitraria o carente de fundamentos.

En este contexto, explicó que el principio de razón suficiente exige que las conclusiones judiciales cuenten con antecedentes capaces de justificarlas. No basta con que un razonamiento sea formalmente correcto, sino que también debe apoyarse en pruebas que sustenten sus afirmaciones.

El tribunal destacó que la obligación de fundamentar las sentencias es esencial para distinguir una valoración racional de la prueba de una decisión basada únicamente en la convicción personal del juez.