Represalia por denuncia laboral
Empresa forestal deberá indemnizar a trabajador despedido tras denunciar irregularidades ante la Inspección del Trabajo
El Primer Juzgado de Letras de Coronel acogió una demanda de tutela laboral presentada contra una empresa forestal, al establecer que despidió a un trabajador como represalia por denunciar irregularidades ante la Inspección del Trabajo. El tribunal concluyó que la desvinculación vulneró la…
El Primer Juzgado de Letras de Coronel acogió una demanda de tutela laboral presentada contra una empresa forestal, al establecer que despidió a un trabajador como represalia por denunciar irregularidades ante la Inspección del Trabajo. El tribunal concluyó que la desvinculación vulneró la garantía de indemnidad, que protege a los trabajadores frente a represalias por ejercer sus derechos laborales.
El trabajador denunció que la empresa pagaba cotizaciones previsionales inferiores a las correspondientes a sus remuneraciones reales y que sus liquidaciones de sueldo presentaban irregularidades, especialmente en el detalle del bono de producción. Afirmó que sus reclamos internos no fueron atendidos y que otros compañeros habían sufrido hostigamientos y despidos tras denunciar situaciones similares. Ante ello, acudió a la Inspección del Trabajo, lo que dio origen a una fiscalización. Poco después fue despedido verbalmente, sin comunicación formal ni causa legal, y se le ofreció un finiquito que, según sostuvo, omitía indemnizaciones, vacaciones y otras prestaciones adeudadas.
Al analizar los antecedentes, el tribunal recordó que la garantía de indemnidad protege a los trabajadores frente a medidas perjudiciales adoptadas por sus empleadores como consecuencia de reclamos o denuncias destinados a exigir el cumplimiento de sus derechos laborales.
En este caso, el juzgado consideró especialmente relevante la existencia de denuncias anteriores formuladas por otros trabajadores, los actos de hostigamiento que habrían seguido a esas presentaciones y las posteriores desvinculaciones.
Para el tribunal, esa secuencia de hechos permitía inferir que el empleador había adoptado represalias contra quienes cuestionaban las irregularidades en el pago de sus cotizaciones.
La sentencia también destacó la cercanía temporal entre la denuncia del demandante y su despido. En particular, tuvo por acreditado que la desvinculación ocurrió poco después del inicio de la fiscalización solicitada por el trabajador, sin comunicación escrita ni invocación de una causal legal.
A partir de estos antecedentes, y aplicando las reglas especiales de prueba previstas para los juicios de tutela laboral, el juzgado concluyó que existían elementos suficientes para establecer que el despido fue una represalia por la denuncia presentada ante la autoridad administrativa.
En consecuencia, declaró vulnerada la garantía de indemnidad del trabajador y acogió la demanda de tutela laboral.
Respecto del daño moral reclamado, el tribunal reconoció que el trabajador experimentó tristeza y decaimiento como consecuencia de su despido y de las circunstancias en que se produjo. Así lo señalaron los testigos que declararon durante el juicio.
Sin embargo, estimó que ese malestar no alcanzaba la gravedad necesaria para constituir un daño moral indemnizable. Explicó que, para ordenar una reparación económica por este concepto, debe acreditarse una afectación que supere las molestias y padecimientos que normalmente pueden presentarse en la vida cotidiana. Por ello, rechazó esta parte de la demanda.
En cuanto a las consecuencias económicas de la vulneración, el juzgado condenó a la empresa a pagar la indemnización sustitutiva del aviso previo, la indemnización por años de servicio y el recargo legal correspondiente.
Además, ordenó pagar una indemnización especial por la vulneración de derechos fundamentales, conforme a las disposiciones del Código del Trabajo que regulan la tutela laboral.
La sentencia también impuso a la empresa la obligación de realizar una capacitación dirigida a todos sus trabajadores y prestadores de servicios, incluidos quienes participan en la determinación y pago de remuneraciones y cotizaciones previsionales, así como el personal contable y administrativo relacionado con estas materias.
La capacitación deberá abordar las obligaciones legales sobre remuneraciones, la correcta elaboración y entrega de liquidaciones de sueldo, el pago íntegro y oportuno de las cotizaciones y el derecho de los trabajadores a presentar reclamos y solicitar fiscalizaciones ante la autoridad laboral.
El objetivo de esta medida es prevenir que se repitan las conductas constatadas durante el juicio. Su cumplimiento deberá ser fiscalizado por la Inspección del Trabajo de Coronel.
Por otra parte, el tribunal acogió la acción de nulidad del despido, al establecer que existían cotizaciones previsionales adeudadas correspondientes a parte del período trabajado.
Como consecuencia, la empresa deberá continuar pagando las remuneraciones y demás prestaciones que se generen desde la fecha del despido hasta que regularice las cotizaciones pendientes y convalide legalmente la desvinculación, considerando la remuneración mensual acreditada durante el juicio.
Asimismo, ordenó pagar íntegramente las cotizaciones previsionales adeudadas durante el período determinado en la sentencia, calculadas sobre las remuneraciones imponibles efectivamente percibidas por el trabajador, con los reajustes e intereses legales correspondientes.
El juzgado también acogió el cobro de prestaciones laborales y condenó a la empresa a pagar las sumas adeudadas por vacaciones legales y proporcionales.
En cambio, no emitió un pronunciamiento sobre la demanda subsidiaria por despido injustificado, debido a que ya había acogido la acción principal de tutela laboral.
Finalmente, dispuso que las cantidades ordenadas pagar se reajusten y generen los intereses establecidos por la ley. No condenó a la empresa al pago de las costas del juicio, debido a que no formuló oposición formal.
Una vez que la sentencia quede firme, deberá remitirse una copia a la Dirección del Trabajo para su registro y notificarse a las instituciones previsionales correspondientes, a fin de que ejerzan las acciones de cobro que procedan.
Temas
Te puede interesar
Tutela laboral acogida
Tribunal condena por despido represalia a jefa de RR.HH. que denunció acoso laboral bajo Ley Karin
Tutela laboral acogida
Juzgado de Ovalle condena a ENAMI por acoso y discriminación a trabajadora
Derechos laborales.
Juzgado de Los Ángeles falla a favor de trabajador despedido con fuero sindical.
