Corte Suprema confirma indemnización por expropiación de terreno en Pichilemu y rechaza aumento solicitado por inmobiliaria

Respecto del informe de la propietaria, observó que no ponderaba suficientemente la influencia de esas circunstancias. También señaló que las compraventas acompañadas no permitían comparar las características de los respectivos terrenos con las del lote expropiado y que la prueba relativa al método residual no entregaba detalles suficientes sobre la superficie afectada y sus restricciones.

Contra esa decisión, la reclamante interpuso recursos de casación en la forma y de apelación. En el primero denunció la omisión de las consideraciones de hecho y de derecho que debían fundamentar la sentencia.

La Corte de Rancagua desestimó la impugnación formal al advertir que sus fundamentos coincidían con los planteados en la apelación. Estimó que los vicios denunciados podían ser corregidos mediante ese recurso, por lo que no existía un perjuicio reparable únicamente con la invalidación del fallo.

En cuanto al fondo, el tribunal de alzada compartió la valoración de la prueba efectuada en primera instancia. Concluyó que el informe de la actora carecía de fundamentos suficientes para generar convicción sobre el mayor monto pretendido y confirmó el rechazo de la reclamación.

La inmobiliaria recurrió entonces de casación en el fondo, denunciando infracciones a los artículos 425 y 428 del Código de Procedimiento Civil, al artículo 1698 del Código Civil y a diversas disposiciones del Decreto Ley Nº2.186. Sostuvo que se habían vulnerado las reglas de la sana crítica al preferir las tasaciones que respaldaban el monto provisional, sin realizar una comparación suficiente con su prueba.

También cuestionó que las restricciones urbanísticas se utilizaran para disminuir el valor del inmueble y alegó que no se había ponderado adecuadamente su ubicación frente a una playa reconocida por la práctica del surf. Además, afirmó que se alteró la carga probatoria al exigirle desvirtuar las conclusiones de la comisión de peritos.

La Corte Suprema explicó que el artículo 425 del Código de Procedimiento Civil no constituye una norma reguladora de la prueba, pues no impone un valor determinado al dictamen pericial. Señaló que corresponde a los jueces del fondo definir su fuerza probatoria conforme a las reglas de la sana crítica.

Respecto del artículo 1698 del Código Civil, descartó una alteración de la carga de la prueba. Precisó que correspondía a la demandante acreditar los presupuestos necesarios para aumentar la indemnización fijada por la comisión tasadora, bajo la premisa de que esta no cubría el daño patrimonial efectivamente causado, carga que no había satisfecho.

Asimismo, sostuvo que el artículo 428 del Código de Procedimiento Civil entrega a los jueces del grado la facultad de apreciar comparativamente los medios probatorios. Añadió que el recurso no justificó suficientemente la improcedencia de la preferencia otorgada a la prueba que respaldaba la indemnización provisional.

Al no verificarse las infracciones denunciadas en materia probatoria, el máximo tribunal concluyó que los hechos establecidos permanecían inamovibles, incluido el monto de $42.233.800, debidamente reajustado. También desestimó las restantes vulneraciones del Decreto Ley Nº2.186, por haber sido planteadas como consecuencia de una errónea ponderación de la prueba que no se acreditó.

Por estas razones, rechazó el recurso de casación en el fondo por manifiesta falta de fundamento, manteniendo la sentencia que desestimó el aumento de la indemnización solicitado por la inmobiliaria.

Vea sentencia Corte Suprema Rol Nº33.060-2026, Corte de Rancagua Rol Nº703-2024 y del Juzgado de Letras y Garantía de Pichilemu Rol NºC-16-2021.