Suprema rechaza casación de afiliada contra fallo que ordenó a Isapre restituir 76,44 UF por cotizaciones pagadas en exceso

La Corte de Santiago revocó esa decisión en cuanto a su fundamento. Señaló que la sentencia de protección había determinado la existencia de un acto arbitrario que afectaba el derecho de propiedad de la afiliada, pero no había declarado propiamente un incumplimiento contractual.

El tribunal de alzada estimó que ese pronunciamiento apuntaba a la nulidad de las alzas derivadas de la aplicación de factores de edad y sexo. Añadió que los efectos de la derogación de las disposiciones legales habían admitido diversas interpretaciones y que la controversia dependía de una definición institucional.

En ese contexto, destacó que el contrato de salud se encuentra fuertemente regulado y que la cuestión había requerido una sentencia de la Corte Suprema y legislación específica para hacer viable su cumplimiento, mencionando la Ley N.º 21.674. Consideró que esas circunstancias justificaban suficientemente la conducta de la aseguradora y descartaban el incumplimiento contractual invocado.

Por ello, rechazó la demanda principal y acogió parcialmente la subsidiaria, declarando la nulidad de las alzas modificatorias del plan entre diciembre de 2016 y marzo de 2020. Mantuvo la restitución de 76,44 UF, en su equivalente en pesos al día del pago, con intereses para operaciones no reajustables si la deudora era constituida en mora durante el cumplimiento del fallo, y dispuso que cada parte pagara sus costas.

Contra esa sentencia, la afiliada interpuso recurso de casación en el fondo. Sostuvo que la contravención de las normas imperativas sobre determinación del precio constituía incumplimiento contractual y que la incertidumbre interpretativa no permitía exonerar a la Isapre. También cuestionó la limitación de las restituciones y el cálculo del exceso mensual, alegando que durante el período controvertido existía una sola beneficiaria y que la diferencia debía ascender a 3,381 UF.

El máximo tribunal observó que el recurso se construía sobre hechos distintos de los establecidos en la sentencia impugnada. Mientras los jueces del fondo habían fijado el precio del plan en 2,94 UF y el exceso mensual en 1,911 UF, la recurrente pretendía modificar ese cálculo considerando un precio de 1,47 UF, sobre la base de que la carga habría sido incorporada posteriormente.

La Corte Suprema explicó que esos presupuestos fácticos eran inamovibles, al no haberse demostrado una infracción de leyes reguladoras de la prueba que permitiera alterarlos. Precisó que el artículo 346 Nº1 y 3 del Código de Procedimiento Civil, invocado por la recurrente, no tenía esa naturaleza.

Respecto de los artículos 1702 y 1706 del Código Civil, señaló que los jueces del fondo no habían desconocido el carácter de los documentos acompañados ni su valor probatorio. Estimó que las alegaciones buscaban obtener una nueva ponderación de la prueba, labor ajena a los fines de la casación en el fondo.

Asimismo, advirtió que la recurrente omitió extender la denuncia de infracción legal a los artículos 1681, 1682 y 1683 del Código Civil, normas decisorias de la controversia sobre nulidad. Indicó que su sola mención al fundamentar otras infracciones no satisfacía esa exigencia y, por estas razones, rechazó el recurso por manifiesta falta de fundamento.

Vea sentencias Corte Suprema Rol Nº42.877-2026, Corte de Santiago Rol N 9.172-2022 (acumulado Nº16.382-2023) y Tercer Juzgado Civil de Santiago Rol NºC-8.523-2021.