Corte Suprema confirma que mujer deberá devolver más de $8,7 millones recibidos por pensión de alimentos sin estar facultada para cobrarlos

A su juicio, los tribunales habían interpretado restrictivamente las facultades de la madre para recibir los alimentos y confundido los conceptos de domicilio y residencia. También sostuvo que se había atribuido un efecto retroactivo a una resolución posterior del tribunal de familia que declaró su falta de legitimación, transformando en indebido un pago que, según su postura, era válido cuando se realizó.

Finalmente, denunció la infracción de los artículos 2284 y 2285 del Código Civil y del principio de enriquecimiento sin causa.

Sostuvo que no existió un enriquecimiento injustificado, porque los fondos se destinaron al cumplimiento de una obligación alimenticia preexistente y no se incorporaron definitivamente a su patrimonio. Añadió que el demandante tampoco sufrió un empobrecimiento sin causa, ya que el pago habría extinguido una deuda propia.

Al examinar el recurso, la Corte Suprema advirtió que los argumentos de la recurrente se construían sobre hechos distintos de aquellos establecidos en la sentencia impugnada.

En efecto, los jueces del fondo habían determinado que la demandada recibió $8.794.092 sin estar legitimada para hacerlo, que el actor no mantenía una obligación de pago respecto de ella y que la recepción de los fondos produjo un incremento patrimonial sin causa justificativa.

Sin embargo, la recurrente insistía en que estaba facultada para recibir el dinero porque los beneficiarios de alimentos vivían con ella, que existía una deuda vigente que justificaba el pago y que los fondos fueron utilizados para cumplir esa obligación.

La Corte explicó que los hechos establecidos por los tribunales de instancia no pueden modificarse mediante un recurso de casación en el fondo, salvo que se demuestre una infracción de las leyes reguladoras de la prueba que permita alterar esas conclusiones.

En este caso, estimó que las infracciones denunciadas no cumplían ese requisito.

Respecto del artículo 385 del Código de Procedimiento Civil, precisó que esa disposición no tiene el carácter de ley reguladora de la prueba, por lo que su eventual infracción no permitía modificar los hechos establecidos.

En cuanto al artículo 1698 del Código Civil, recordó que esta norma se vulnera cuando un tribunal impone a una parte la obligación de probar un hecho que legalmente correspondía acreditar a la contraparte.

La Corte concluyó que esa situación no se produjo en el juicio, pues no se había alterado la distribución de la carga de la prueba.

Sobre los artículos 1713 del Código Civil y 394 y 402 del Código de Procedimiento Civil, señaló que los cuestionamientos de la recurrente se referían a la interpretación de determinadas declaraciones y al valor que los jueces les habían otorgado.

En consecuencia, sostuvo que la demandada buscaba que la Corte Suprema efectuara una nueva valoración de los antecedentes probatorios, tarea que excede los límites del recurso de casación en el fondo.

El máximo tribunal identificó, además, otra deficiencia en la impugnación: la recurrente no denunció adecuadamente la infracción de todas las normas decisivas para resolver el conflicto.

En particular, mencionó el artículo 332 del Código Civil, cuya eventual infracción debía plantearse expresamente como fundamento del recurso, sin que bastara con citarlo al desarrollar otros argumentos.

La Corte explicó que esta omisión impedía acoger la casación, porque las disposiciones invocadas no resultaban suficientes para modificar la decisión adoptada por los tribunales inferiores.

Por estas razones, concluyó que el recurso carecía manifiestamente de fundamento y debía ser rechazado, sin que correspondiera revisar nuevamente los hechos ni la valoración de la prueba efectuada durante el juicio.

En consecuencia, la Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo y mantuvo la sentencia de la Corte de Temuco.

De esta manera, quedó firme la obligación de la demandada de restituir $8.794.092 al actor, al mantenerse lo establecido por los tribunales de instancia respecto de la falta de legitimación para recibir esos fondos y la configuración de un pago de lo no debido.

Vea sentencia Corte Suprema Rol Nº44.282-2026, Corte de Temuco Rol N°572-2025 (Civil)y del 3ºJuzgado Civil de Temuco Rol NºC-4881-2024.