Inteligencia artificial y función judicial
Corte Suprema fija límites al uso de inteligencia artificial: jueces no podrán delegar en esta tecnología la valoración de pruebas ni sus decisiones
La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, informó las principales conclusiones de las Jornadas de Reflexión realizadas los días 22 y 23 de octubre de 2026, instancia en la que el Tribunal Pleno abordó tres materias centrales: la regulación del uso de inteligencia artificial (IA)…
La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, informó las principales conclusiones de las Jornadas de Reflexión realizadas los días 22 y 23 de octubre de 2026, instancia en la que el Tribunal Pleno abordó tres materias centrales: la regulación del uso de inteligencia artificial (IA) en el Poder Judicial, la tramitación de los recursos de protección y los mecanismos para dar cumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Uno de los principales acuerdos fue avanzar en la elaboración de un Auto Acordado destinado a regular el diseño, desarrollo, evaluación y uso responsable de herramientas de inteligencia artificial en la administración de justicia. Durante las jornadas, que contaron con una exposición técnica del académico de la Universidad de Chile Juan Velásquez Silva, los ministros alcanzaron consenso sobre el articulado del futuro instrumento.
La normativa contempla 13 principios rectores, entre ellos el respeto de los derechos fundamentales, la no discriminación, la supervisión humana, la transparencia, la explicabilidad y verificabilidad de los sistemas, la trazabilidad, la proporcionalidad, la independencia judicial y la seguridad y control de la información.
Según explicó la presidenta del máximo tribunal, el objetivo es establecer reglas de funcionamiento y mecanismos de gobernanza que permitan incorporar estas tecnologías de manera responsable, contribuyendo a mejorar la calidad, accesibilidad, eficiencia y oportunidad del servicio judicial.
Sin embargo, enfatizó que la inteligencia artificial solo podrá cumplir funciones de apoyo y nunca sustituir la decisión de los jueces.
“Las decisiones jurisdiccionales corresponden exclusivamente a quienes ejercen la jurisdicción. Los sistemas de IA podrán asistir en tareas preparatorias, instrumentales o de apoyo, pero no sustituir la valoración de los antecedentes, la fundamentación ni la decisión que corresponda al tribunal”, señaló.
La ministra precisó que la responsabilidad de las resoluciones judiciales seguirá recayendo íntegramente en quienes las dicten, por lo que estas herramientas no podrán valorar autónomamente las pruebas ni indicar a los jueces el sentido en que deben resolver una controversia.
Asimismo, advirtió que el uso indebido de inteligencia artificial podrá dar lugar a responsabilidad disciplinaria, cuya investigación y eventual sanción deberán tramitarse mediante los procedimientos correspondientes. Dependiendo del cargo del involucrado, esta responsabilidad podrá ser conocida por las Cortes de Apelaciones, las respectivas Cortes o la propia Corte Suprema.
Otro de los asuntos examinados recayó sobre el recurso de protección y su impacto en la carga de trabajo de los tribunales.
El Pleno constató una disminución significativa de los recursos masivos relacionados con planes de salud previsional. No obstante, advirtió un aumento sostenido de acciones destinadas a resolver controversias que no requieren medidas cautelares urgentes y que, por su naturaleza, deberían tramitarse mediante juicios ordinarios, reclamos de ilegalidad u otros procedimientos establecidos en la legislación.
Chevesich explicó que esta utilización del recurso de protección como alternativa a procedimientos de mayor duración está generando una sobrecarga en las Cortes de Apelaciones y, especialmente, en la Corte Suprema.
Frente a este escenario, planteó la conveniencia de contar con una ley que regule expresamente esta acción constitucional.
En ese contexto, el Tribunal Pleno acordó recopilar información de las Cortes de Apelaciones y avanzar en el estudio del proyecto de ley actualmente en tramitación, con el propósito de evaluar eventuales modificaciones al Auto Acordado que regula el recurso de protección.
La presidenta aclaró que los posibles cambios deberían concentrarse en aspectos estrictamente procesales, orientados a agilizar la tramitación.
También se abordó la necesidad de avanzar en criterios jurisprudenciales sobre la admisibilidad de estas acciones, con el objetivo de distinguir las controversias que efectivamente requieren tutela constitucional urgente de aquellas que deben resolverse por otras vías judiciales.
Finalmente, las jornadas analizaron los mecanismos internos para ejecutar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que inciden en decisiones judiciales firmes dictadas por tribunales chilenos.
La discusión contó con las exposiciones del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat; el jefe de la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Felipe Kipreos; y el académico y exministro del Tribunal Constitucional Enrique Navarro.
Los participantes examinaron las distintas fórmulas procesales utilizadas anteriormente para cumplir decisiones internacionales, entre ellas las correspondientes a los casos Maldonado Vargas, Norín Catrimán y Vega González.
Ante la diversidad de procedimientos empleados, el Tribunal Pleno acordó establecer pautas mínimas destinadas a otorgar mayor certeza jurídica a las partes involucradas.
En particular, se definió que el Pleno de la Corte Suprema será el órgano competente para conocer y resolver directamente el fondo de los procedimientos destinados a cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tengan incidencia sobre resoluciones judiciales nacionales firmes.
Chevesich explicó que esta decisión busca unificar el tratamiento de estas situaciones y evitar la aplicación de mecanismos diferentes frente a controversias de similar naturaleza.
De esta manera, las Jornadas de Reflexión concluyeron con acuerdos orientados a regular la incorporación de nuevas tecnologías en la función jurisdiccional, mejorar la tramitación de los recursos de protección y establecer un procedimiento institucional más uniforme para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las sentencias internacionales en materia de derechos humanos.
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