Arrendadora deberá devolver garantía e indemnizar a inquilino tras término anticipado del contrato de arrendamiento

En cuanto al recurso de casación en el fondo, la arrendadora denunció diversas infracciones legales relacionadas con la fuerza obligatoria de los contratos, su interpretación, la buena fe contractual y las reglas sobre valoración de la prueba.

En primer lugar, alegó una vulneración del artículo 1545 del Código Civil, sosteniendo que la sentencia desconoció las cláusulas que regulaban el término anticipado del arrendamiento y dio por extinguido el contrato sin verificar el cumplimiento de las condiciones acordadas.

También invocó los artículos 1560 y 1562 del mismo cuerpo legal, argumentando que los jueces habían interpretado incorrectamente la voluntad de las partes, al reemplazar las estipulaciones expresas del contrato por una supuesta aceptación tácita de su término.

Respecto del artículo 1546 del Código Civil, relativo a la buena fe contractual, sostuvo que el tribunal aplicó incorrectamente este principio para favorecer al arrendatario, pese a que, según su postura, había incumplido las obligaciones pactadas. En particular, cuestionó que se atribuyeran efectos jurídicos a una conducta que calificó como una simple tolerancia de la propietaria.

La recurrente denunció, además, infracciones a los artículos 1698 y 1700 del Código Civil, afirmando que los jueces desconocieron el valor probatorio del contrato y alteraron las reglas sobre quién debía acreditar los hechos controvertidos.

Finalmente, invocó el artículo 8 N°7 de la Ley N°18.101, sobre arrendamiento de predios urbanos, argumentando que la sentencia vulneró las reglas de la sana crítica al interpretar que la sola recepción del inmueble constituía un acuerdo válido para poner término al contrato.

Al analizar estas alegaciones, la Corte Suprema estableció que el recurso se construía sobre una versión de los hechos distinta de aquella que había quedado acreditada durante el juicio.

En efecto, los tribunales de instancia determinaron que el arrendatario comunicó su intención de poner término anticipado al contrato, que la arrendadora aceptó la restitución de la propiedad y que la conducta de ambos permitió establecer un consentimiento mutuo para finalizar el vínculo contractual el 31 de marzo de 2024.

La propietaria, en cambio, insistía en que nunca autorizó ese término anticipado, que no existió acuerdo entre las partes y que la recepción del inmueble fue una conducta meramente tolerada, sin efectos sobre la vigencia del contrato. Por ello, sostenía que el arrendamiento debía mantenerse hasta la fecha de vencimiento originalmente pactada.

Frente a esta discrepancia, el máximo tribunal recordó que los hechos establecidos por los jueces de instancia no pueden modificarse mediante un recurso de casación en el fondo, salvo que se demuestre una infracción a las normas legales que regulan la prueba y que permita alterar esas conclusiones.

En este caso, estimó que la recurrente no había acreditado una vulneración de esa naturaleza.

Respecto del artículo 1698 del Código Civil, la Corte explicó que esta disposición se infringe cuando un tribunal impone a una parte la obligación de probar hechos que legalmente correspondía acreditar a la contraparte. Sin embargo, señaló que esa situación no se había producido en el juicio, por lo que descartó la vulneración denunciada.

En relación con el artículo 1700 del mismo código, sostuvo que los jueces tampoco desconocieron la naturaleza de los documentos acompañados al proceso, fueran públicos o privados, ni el valor probatorio que legalmente pudiera corresponderles.

Añadió que las alegaciones de la propietaria buscaban, en definitiva, que la Corte Suprema efectuara una nueva valoración de las pruebas para llegar a conclusiones distintas de las establecidas por los tribunales inferiores, tarea que excede los fines del recurso de casación en el fondo.

El máximo tribunal identificó, además, otra deficiencia en la impugnación. Señaló que la recurrente omitió denunciar la infracción de disposiciones legales decisivas para resolver la controversia, como los artículos 1437, 1438 y 1567 N°1 del Código Civil, relativos a las fuentes de las obligaciones, la definición de contrato y la extinción de las obligaciones por acuerdo de las partes.

La Corte explicó que no basta con mencionar normas que se estiman infringidas, sino que el recurso debe identificar correctamente las disposiciones cuya aplicación podría modificar la decisión del juicio.

En consecuencia, consideró que las infracciones alegadas no proporcionaban fundamentos jurídicos suficientes para invalidar la sentencia impugnada.

Por estas razones, la Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de casación en la forma y rechazó, por manifiesta falta de fundamento, el recurso de casación en el fondo interpuesto por la arrendadora contra la sentencia de la Corte de Santiago.

De esta manera, quedó firme la decisión que acogió parcialmente la demanda del arrendatario, ordenó a la propietaria devolver $1.174.400 por concepto de garantía y pagar $176.160 como indemnización de perjuicios, y rechazó la demanda reconvencional.

Vea sentencia Corte Suprema Rol Nº46.124-2026, Corte de Santiago Rol Nº14.333-2025 y del Juzgado Civil de Colina Rol NºC-3358-2024.