Corte Suprema mantiene indemnización de $7 millones a víctima de torturas que era menor de edad al momento de los hechos

Explicó que se trata de un recurso de derecho estricto, sujeto a exigencias técnicas y procesales que deben cumplirse para que pueda prosperar.

En particular, señaló que el artículo 772 del Código de Procedimiento Civil obliga a identificar los errores de derecho atribuidos a la sentencia y explicar de qué manera estos influyeron de forma decisiva en su resultado.

En este caso, el máximo Tribunal observó que la parte recurrente cuestionaba la falta de correspondencia entre la gravedad de las violaciones a los derechos humanos acreditadas y el monto de la indemnización concedida.

Sin embargo, estimó que esa crítica no estaba acompañada de una argumentación jurídica suficiente para demostrar las infracciones legales denunciadas.

La sentencia sostuvo que el recurso se limitaba principalmente a mencionar disposiciones legales e internacionales y reproducir fragmentos de decisiones anteriores de la Corte Suprema y otros tribunales, sin explicar concretamente cómo se habían vulnerado esas normas en el fallo impugnado.

Por ello, concluyó que la presentación contenía defectos formales relevantes que impedían acoger la casación.

Asimismo, consideró que la Corte de Santiago no había incurrido en un error de derecho al confirmar la sentencia de primera instancia y mantener el monto indemnizatorio, haciendo suyos los fundamentos utilizados para determinarlo.

En consecuencia, de la Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo y mantuvo la indemnización de $7 millones por daño moral, más los reajustes e intereses establecidos en la sentencia original.

No obstante, la decisión estuvo precedida de una posición distinta expresada por el ministro Leopoldo Llanos y el abogado integrante Eduardo Gandulfo, quienes estuvieron por ejercer las facultades de invalidación de oficio del Tribunal.

Ambos estimaron que las sentencias de primera y segunda instancia presentaban un defecto de fundamentación en la determinación del monto indemnizatorio.

Explicaron que el tribunal de primera instancia había considerado la condición de prisionero político y víctima de torturas del demandante, reconociendo la gravedad de los hechos, pero había fijado la indemnización en $7 millones al estimar que no existían otros antecedentes suficientes para precisar la extensión del daño.

Sin embargo, advirtieron que esa valoración no había considerado adecuadamente una circunstancia especialmente relevante: el afectado era menor de edad cuando fue detenido y sometido a torturas, hecho que no había sido controvertido por el Fisco.

A juicio de estos integrantes, la edad de la víctima al momento de los hechos debía ser ponderada expresamente al determinar la magnitud del daño moral y la reparación correspondiente.

Sostuvieron que la omisión constituía un defecto en la fundamentación de las sentencias, vinculado con el deber de los tribunales de explicar suficientemente sus decisiones, como garantía del debido proceso.

En ese sentido, consideraron que se configuraba la causal de casación formal relativa a la falta de consideraciones que fundamenten la sentencia.

Por estas razones, propusieron invalidar de oficio el fallo y dictar una sentencia de reemplazo que aumentara la indemnización por daño moral a $15 millones.

Sin embargo, esta posición no prosperó, por lo que se mantuvo la decisión de rechazar el recurso y conservar la reparación establecida por los tribunales inferiores.

Vea sentencia Corte Suprema Rol Nº55.616-2024, Corte de Santiago Rol Nº1487-2024 (Civil) y del Quinto Juzgado Civil de Santiago Rol NºC-2394-2021.