Responsabilidad contractual
Corte Suprema mantiene millonarias indemnizaciones contra exgerentes por perjuicios ocasionados a una empresa
La Corte Suprema declaró inadmisible un recurso de casación en la forma y rechazó un recurso de casación en el fondo deducidos por la parte demandada en contra de la sentencia que confirmó una condena indemnizatoria por responsabilidad contractual, manteniendo el pago de $488.088.389 a cargo de…
La Corte Suprema declaró inadmisible un recurso de casación en la forma y rechazó un recurso de casación en el fondo deducidos por la parte demandada en contra de la sentencia que confirmó una condena indemnizatoria por responsabilidad contractual, manteniendo el pago de $488.088.389 a cargo de uno de los demandados y de $294.637.494 respecto del segundo, además de reajustes e intereses.
La causa se originó en un juicio ordinario en que se acogió una demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual. El fallo de primera instancia fue confirmado por la Corte de Apelaciones de Santiago.
Contra esa decisión, la parte demandada interpuso recursos de casación en la forma y en el fondo ante la Corte Suprema.
En el recurso de casación formal, la recurrente alegó que la sentencia de segunda instancia había omitido las consideraciones necesarias para resolver adecuadamente la controversia, pues se había limitado a confirmar el fallo apelado sin corregir las deficiencias que, a su juicio, presentaba la decisión de primera instancia.
Sostuvo que los tribunales no se habían pronunciado suficientemente sobre las tachas formuladas respecto de testigos de la demandante, la política de bonos de la empresa, la autorización de determinados bonos e indemnizaciones, la implementación de un Sistema de Gestión Integrado, la participación de los controladores brasileños en la administración de la sociedad y una excepción de pago vinculada a $250 millones que habrían sido restituidos por otra sociedad.
También cuestionó la falta de análisis de correos electrónicos enviados a los socios, estados financieros, reportes de gestión, antecedentes de una causa por competencia desleal y documentación relativa a anticipos de indemnizaciones entregados a otros trabajadores.
La Corte Suprema declaró inadmisible este recurso. Explicó que, cuando una Corte de Apelaciones se limita a confirmar una sentencia de primera instancia sin modificar su parte resolutiva, solo puede configurarse el vicio denunciado si la sentencia original ya carecía de los fundamentos o pronunciamientos exigidos por la ley.
En tal caso, correspondía que ese defecto hubiera sido oportunamente reclamado contra el fallo de primera instancia, conforme a las reglas que exigen preparar previamente el recurso de casación en la forma.
Como la parte recurrente solamente impugnó esa sentencia mediante recurso de apelación y no reclamó en esa oportunidad el vicio que posteriormente invocó, la Corte Suprema concluyó que la casación formal no había sido debidamente preparada y debía ser declarada inadmisible.
Respecto del recurso de casación en el fondo, la defensa denunció diversas infracciones de ley.
En primer término, cuestionó la valoración de las inhabilidades legales que afectaban a determinados testigos. También sostuvo que los demandados se desempeñaban como gerentes sometidos a una relación laboral y que sus facultades administrativas provenían de ese vínculo, por lo que no correspondía aplicar las normas civiles relativas al mandato para fundamentar su responsabilidad contractual.
Añadió que, incluso si se estimara que existía un mandato, la demandante debería haber exigido previamente una rendición de cuentas, cuestión que, según la recurrente, se encontraba sometida a arbitraje forzoso.
Asimismo, alegó que la sentencia había presumido indebidamente la mala fe y el dolo de los demandados.
La recurrente cuestionó también la determinación de los daños y perjuicios, sosteniendo que la condena se apoyó en un informe pericial objetable y que no se habían acreditado suficientemente ni el daño ni la relación causal.
Según su argumentación, los bonos e indemnizaciones cuestionados correspondían a prestaciones laborales autorizadas que también habían recibido otros trabajadores, y la sentencia presentaba inconsistencias en la cuantificación de los perjuicios.
Finalmente, alegó que se había rechazado erróneamente una excepción de pago, pues una suma de $250 millones transferida a otra sociedad habría sido restituida mediante tres cheques dentro de un breve período, circunstancia que, en su opinión, debía haber conducido al menos a acoger parcialmente esa defensa.
La Corte Suprema rechazó estos argumentos, al advertir que se construían sobre hechos distintos de aquellos que habían quedado establecidos en la sentencia impugnada.
El fallo recurrido había determinado que los bonos e indemnizaciones cuestionados carecían de autorización, habían sido autoconcedidos y ocasionaron perjuicios a la sociedad demandante, concluyendo además que los demandados actuaron dolosamente.
También se tuvo por acreditado que utilizaron trabajadores, recursos materiales e instalaciones de la empresa demandante en beneficio de otra sociedad, sin que se probara autorización de los socios para ello.
La recurrente sostenía, en cambio, que los bonos e indemnizaciones correspondían a una práctica histórica autorizada por la matriz e incorporada al sistema de gestión; que los demandados actuaron de buena fe y siguiendo instrucciones superiores; que la otra sociedad operaba con recursos propios; que no existió utilización indebida de bienes de la demandante; y que sí había autorización para algunas de las actuaciones cuestionadas.
Sin embargo, los jueces de instancia habían establecido que los demandados constituyeron otra sociedad, se otorgaron recíprocamente beneficios no autorizados por los socios de la empresa demandante, utilizaron recursos humanos y materiales de esta última en beneficio de aquella, promovieron el traspaso de contratos y ocasionaron los perjuicios fijados en la sentencia.
La Corte Suprema señaló que esos hechos eran inamovibles en sede de casación, porque no habían sido impugnados mediante la denuncia de infracción de verdaderas leyes reguladoras de la prueba que permitieran modificarlos.
El máximo tribunal precisó que las normas invocadas por la recurrente respecto de las inhabilidades de testigos no tenían el carácter de leyes reguladoras de la prueba para esos efectos.
Añadió que, en realidad, los argumentos del recurso pretendían que la Corte realizara una nueva valoración de los antecedentes probatorios distinta de la efectuada por los jueces de instancia, labor que no corresponde al recurso de casación en el fondo.
La Corte Suprema observó además que la recurrente no denunció adecuadamente como infringidas varias normas que resultaban decisivas para resolver la controversia, entre ellas disposiciones de la Ley N°3.918, del Código de Comercio y del Código Civil.
El fallo explicó que no basta con mencionar esas normas dentro de la argumentación del recurso, sino que debe denunciarse concretamente su infracción cuando constituyen disposiciones determinantes para resolver el litigio.
Por ello, las normas que la recurrente sí indicó como vulneradas no proporcionaban fundamento suficiente para acoger la casación.
En consecuencia, la Corte Suprema declaró inadmisible el recurso de casación en la forma por falta de preparación y rechazó el recurso de casación en el fondo por manifiesta falta de fundamento.
De esta manera, quedó firme la sentencia de la Corte de Santiago que confirmó la condena indemnizatoria por responsabilidad contractual, manteniéndose el pago de $488.088.389 por uno de los demandados y de $294.637.494 por el otro, más los reajustes e intereses correspondientes.
Vea sentencia Corte Suprema Rol Nº37.201-2026, Corte de Santiago Rol Nº9590-2023 (Civil) y del 10° Juzgado Civil de Santiago Rol NºC-14432-2018.
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