Corte Suprema rechaza casación y confirma fallo que descartó contrato de depósito mercantil

La Corte Suprema rechazó por manifiesta falta de fundamento un recurso de casación en el fondo interpuesto por la parte demandante en un juicio ordinario de indemnización de perjuicios por responsabilidad civil contractual, confirmando la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción que, a su vez, había ratificado el fallo de primera instancia que desestimó la demanda.

El caso se originó en una demanda presentada por una compañía aseguradora, la que fue rechazada por el Segundo Juzgado de Letras de Coronel.

En contra de dicha decisión, la demandante dedujo recurso de casación en la forma alegando omisión de fundamentos y decisiones contradictorias en la sentencia, afirmando que el fallo se limitó a enumerar la prueba sin valorarla adecuadamente y que existía contradicción al reconocer la recepción de la carga y negar la existencia del contrato. La Corte, sin embargo, concluyó que la sentencia sí cumplía con los requisitos de fundamentación exigidos por el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, ya que identificaba los hechos controvertidos, analizaba la prueba rendida y explicaba razonadamente por qué no se acreditó la existencia del contrato de depósito mercantil ni sus estipulaciones.

Asimismo, descartó la existencia de decisiones contradictorias, precisando que la conclusión del tribunal —en orden a que la recepción física de la carga no basta para acreditar un contrato consensual— corresponde a una valoración jurídica de la prueba y no a una incompatibilidad entre lo considerado y lo resuelto.

En cuanto al recurso de apelación, la Corte sostuvo que la prueba documental y testimonial aportada no permitía acreditar el primer presupuesto de la responsabilidad contractual, esto es, la existencia de un contrato de depósito mercantil. En particular, señaló que documentos como declaraciones de ingreso aduanero, conocimientos de embarque y facturas solo acreditaban la llegada de la carga al puerto, pero no la aceptación expresa o tácita de un contrato ni el contenido de las obligaciones invocadas.

De este modo, el tribunal concluyó que, al no acreditarse la existencia del contrato, no era posible imputar incumplimiento ni responsabilidad a la demandada, confirmando la sentencia de primera instancia en todas sus partes.