Despedir a gerenta general en represalia por denuncia laboral le costará más de $30 millones a empresa

La Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó el recurso de nulidad presentado por una empresa contra la sentencia que la condenó a pagar $30.737.502, equivalentes a seis remuneraciones, por vulnerar la garantía de indemnidad de su gerenta general, cuyo despido constituyó una represalia por ejercer sus derechos laborales. El tribunal concluyó que el Juzgado de Letras del Trabajo de San Bernardo valoró correctamente las pruebas conforme a la sana crítica y fundamentó adecuadamente su decisión.

La garantía de indemnidad protege a los trabajadores frente a represalias del empleador por recurrir a la autoridad administrativa o judicial para reclamar el respeto de sus derechos laborales.

La empresa recurrió de nulidad alegando una infracción manifiesta a las reglas de la sana crítica, previstas en el artículo 478, letra b), del Código del Trabajo. Sostuvo que el tribunal vulneró principios de la lógica al considerar acreditada una represalia sin pruebas directas de que conociera la denuncia presentada ante la Dirección del Trabajo, basándose en indicios que calificó como conjeturas, entre ellos un conflicto previo, un mensaje de WhatsApp y una llamada de contenido desconocido. Asimismo, defendió la legalidad del despido, argumentando que la trabajadora ocupaba un cargo de exclusiva confianza, sujeto a la causal de desahucio del artículo 161 del Código del Trabajo.

Al examinar el recurso, la Corte San Miguel descartó las infracciones denunciadas y concluyó que el juez laboral había expuesto de manera suficiente y razonada los fundamentos que permitieron establecer la vulneración de la garantía de indemnidad.

El tribunal destacó que la sentencia no se basó en antecedentes aislados, sino en un conjunto de indicios graves, precisos y concordantes que, apreciados en su totalidad, permitieron concluir que el despido estuvo relacionado con el ejercicio de derechos laborales por parte de la denunciante.

Entre estos antecedentes se encontraba un contexto de hostigamiento previo, surgido después de un proceso de selección, así como la denuncia presentada ante la Dirección del Trabajo y la activación de protocolos de salud mental en la mutualidad el 27 de noviembre de 2024.

La Corte también consideró las comunicaciones mantenidas con el área de Recursos Humanos, la confesión ficta del empleador y la cercanía temporal entre las actuaciones realizadas por la trabajadora y su posterior desvinculación.