Estudio jurídico deberá indemnizar a cliente por prestación negligente de sus servicios

La conciliación no prosperó y ninguna de las partes rindió prueba testimonial. El consumidor acompañó el contrato de prestación de servicios, antecedentes de las distintas causas, comprobantes de pagos y gastos, correos electrónicos, conversaciones por WhatsApp, la resolución que declaró el abandono de uno de los procesos y jurisprudencia. La demandada, en tanto, aportó comprobantes, estatutos de la empresa y antecedentes sobre su término de giro.

En la absolución de posiciones, un representante del estudio reconoció la contratación, que una causa fue presentada ante un tribunal incompetente, que el cliente debió asumir nuevamente gastos de notificación y que otro proceso fue archivado por falta de acreditación oportuna de patrocinio y poder, aunque atribuyó esta última situación al actor.

Respecto de la causa declarada abandonada, sostuvo que se realizaron gestiones y que el procedimiento avanzó hasta la etapa probatoria, pero faltaba practicar una notificación cuyo costo debía asumir el cliente, quien habría sido informado de ello.

El tribunal examinó además los expedientes electrónicos de los distintos juicios promovidos contra el Fisco y antecedentes del SII vinculados al término de giro de la empresa.

Luego de valorar la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, el juzgado tuvo por acreditado que las partes celebraron un contrato de prestación de servicios jurídicos por $500.000 más el 10% de una eventual indemnización y que el consumidor pagó íntegramente los honorarios convenidos.

El tribunal también estableció que la obligación asumida por el estudio jurídico era de medios y no de resultado. Sin embargo, concluyó que esa circunstancia no lo eximía de actuar con la diligencia propia del servicio contratado ni de mantener debidamente informado al cliente.

En particular, constató que una de las causas terminó por abandono del procedimiento y que no existía prueba suficiente de que el estudio hubiera informado oportunamente al consumidor sobre determinadas actuaciones necesarias para la continuidad de los procesos, entre ellas la necesidad de practicar una notificación y de comparecer personalmente para ratificar patrocinio y poder.

A juicio del tribunal, por la naturaleza del servicio contratado, el consumidor tenía derecho a recibir información veraz y oportuna respecto del estado de sus causas y de las gestiones que debía realizar para permitir su tramitación.

La sentencia concluyó que dichas omisiones vulneraron el deber de información previsto en el artículo 3 letra b) de la Ley N°19.496 y el deber de respetar los términos y condiciones convenidos establecido en el artículo 12 del mismo cuerpo legal. Asimismo, estimó que la conducta del proveedor configuró una prestación negligente del servicio que provocó un menoscabo al consumidor en los términos del artículo 23 de la Ley del Consumidor.

Por estas razones, el tribunal acogió la querella infraccional y condenó al estudio jurídico al pago de una multa de 10 UTM.

En materia indemnizatoria, el juzgado acogió parcialmente la demanda y fijó en $500.000 el daño emergente, correspondiente a los honorarios pagados al estudio, monto que deberá reajustarse conforme a la variación del IPC.

En cambio, rechazó los $120.000 solicitados por gastos de notificación, al estimar que correspondían a desembolsos propios de la naturaleza del encargo jurídico y que las diligencias respectivas efectivamente habían sido realizadas.

Respecto del daño moral, el tribunal consideró que la falta de diligencia del estudio provocó al consumidor incomodidad, afectación y sufrimiento, tanto por las reiteradas expectativas de iniciar y concluir el proceso como por el tiempo transcurrido desde la contratación de los servicios. En atención a esos antecedentes, fijó prudencialmente una indemnización de $500.000 por este concepto.

El fallo rechazó, en cambio, los $8.090.552 solicitados por lucro cesante o pérdida de oportunidad.

Para resolver de ese modo, consideró que la acción originalmente encomendada contra el Fisco se relacionaba con una eventual falta de servicio ocurrida en el procedimiento de familia que terminó con el pago de aproximadamente $9 millones por concepto de alimentos mediante fondos previsionales retenidos.

El tribunal señaló que el lucro cesante busca reparar una ganancia cierta que una persona dejó de obtener como consecuencia del hecho dañoso, circunstancia que no se acreditó en este caso, pues la eventual indemnización que pudiera haberse obtenido en el juicio contra el Estado dependía del resultado incierto de esa acción.

En el mismo sentido, estimó que la denominada pérdida de oportunidad invocada por el consumidor se fundaba en una hipótesis y en un cálculo especulativo, ya que dependía de que la demanda contra el Fisco hubiera sido acogida. Por ello, descartó indemnizar esa suma.

Vea sentencia Primer Juzgado de Policía Local de Puente Alto Rol N° 716.002-5-2025.