Exigir el cumplimiento de la normativa reglamentaría para explotar una actividad económica no constituye una infracción a dicha garantía constitucional.

La Corte Suprema aprobó la sentencia dictada por la Corte de Puerto Montt, que rechazó el recurso de amparo económico interpuesto en contra del director regional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), por no dar curso a una solicitud de criadero de fauna silvestre para exhibición.

La recurrente indicó que el día 26 de octubre de 2022 solicitó la inscripción de fauna silvestre como criadero y centro de exhibición, con el objeto de obtener una fuente de ingresos alternativa a su pensión, y fomentar el eco turismo en un sector de la región de Los Lagos.

No obstante, acusa una demora arbitraria e ilegal en el proceso de evaluación por parte del SAG, que ha retardado más allá de los plazos legales su solicitud, conculcando su derecho a desarrollar una actividad económica lícita, debido a que invirtió gran parte de sus ahorros en la compra de animales y su mantención, así como en la infraestructura adecuada exigida por la Ley de Caza para instalar un criadero de exhibición.