Reclamo de ilegalidad acogido por
Expulsión de ciudadana venezolana es ilegal, al no ponderar arraigo familiar y situación en el país de origen.
La extranjera ha procurado ante las autoridades regularizar su permanencia en el país, para compartir su proyecto de vida con sus hijos ya residentes y con arraigo laboral.

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió una reclamación judicial interpuesta por una ciudadana venezolana en contra del Servicio Nacional de Migraciones, que dispuso su expulsión del territorio nacional y una prohibición de ingreso al país por 4 años.
La recurrente, nacida en Colombia, expuso que adquirió nacionalidad venezolana y que es licenciada en educación con estudios de postgrado. Relató que ingresó a Chile en diciembre de 2021 por un paso no habilitado debido al cierre de fronteras por la pandemia, motivada por el grave estado de salud de uno de sus hijos que reside en el país, quien fue diagnosticado con VIH. Añadió que, luego de su mejoría, decidió permanecer en el país para acompañarlo, y que su marido también desarrolló problemas de salud. Sostuvo que efectuaron su autodenuncia en la PDI, iniciando gestiones para regularizar su situación. Alegó que la medida de expulsión no consideró sus circunstancias personales, familiares y médicas, ni calificaciones profesionales, y que la resolución vulnera garantías constitucionales y tratados internacionales, por lo que solicitó que se deje sin efecto.
La reclamada solicitó el rechazo de la reclamación, señalando que la resolución impugnada fue dictada conforme a la ley por autoridad competente. Indicó que la reclamante ingresó clandestinamente al país eludiendo controles fronterizos, hecho verificado por informe de la PDI, y que fue debidamente notificada del inicio del procedimiento sancionatorio. Añadió que no realizó gestiones tendientes a regularizar su situación hasta agosto de 2024 y no participó del proceso de empadronamiento biométrico. Respecto de su arraigo laboral, argumentó que no contaba con autorización para trabajar legalmente. Sostuvo que la decisión fue adoptada considerando el marco normativo vigente, que contempla la expulsión de extranjeros por ingreso irregular, y que el respeto a la unidad familiar no puede soslayar el incumplimiento de la ley.




