Impugnar la resolución que recibe la causa a prueba no evita el abandono del procedimiento, resuelve Corte Suprema

Enseguida, señaló que la reposición con apelación en subsidio deducida por la demandante suponía el conocimiento de la interlocutoria de prueba y, por consiguiente, permitía tenerla por tácitamente notificada de aquella resolución. Sin embargo, precisó que esa circunstancia no bastaba para considerar dicha presentación como una gestión útil en el abandono del procedimiento, debido a que por sí sola no producía el cambio de etapa necesario para acercar el juicio a la dictación de una sentencia definitiva, pues aún faltaba que la contraparte tomara conocimiento de la resolución.

Por ello, estimó que sobre la demandante recaía la carga de impulsar la tramitación mediante la notificación pendiente, única actuación que permitiría iniciar efectivamente la etapa probatoria. Al momento de promoverse el incidente, esa diligencia todavía no se había realizado, pese a haber transcurrido más de seis meses desde la resolución que recibió la causa a prueba, de modo que la impugnación presentada por la recurrente no había permitido que el proceso avanzara hacia el estadio procesal siguiente.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema rechazó el recurso de casación en el fondo.

Acordada con el voto en contra de las ministras señoras Repetto y López, quienes estuvieron por acoger el recurso de casación en el fondo y rechazar el incidente de abandono del procedimiento. A su juicio, la controversia debía centrarse en determinar si la reposición con apelación en subsidio deducida contra la interlocutoria de prueba constituía una actuación capaz de hacer avanzar el juicio, considerando que su presentación produjo la notificación tácita de la demandante antes de que transcurrieran seis meses desde la última resolución recaída en una gestión útil.

Las disidentes sostuvieron que el abandono del procedimiento constituye una sanción procesal cuyos efectos perjudican al demandante e impiden la prosecución del juicio, razón por la cual las normas que lo regulan deben interpretarse restrictivamente. Añadieron que este criterio resulta coherente con el derecho a la tutela judicial efectiva, que no se agota en la posibilidad de ejercer una acción, sino que comprende también la tramitación íntegra del proceso hasta obtener una sentencia definitiva que resuelva el conflicto y pueda ser cumplida.

Desde esa perspectiva, estimaron que la presentación de la demandante sí tuvo utilidad, pues produjo su notificación tácita de la interlocutoria de prueba antes del vencimiento del plazo de seis meses. Explicaron que esa primera notificación no podía considerarse inocua, ya que era necesaria para que una posterior notificación a la contraparte permitiera comenzar el término probatorio, sin que la ley exigiera que todos los litigantes fueran notificados simultáneamente de la resolución que recibió la causa a prueba.

Por último, señalaron que cada notificación de la interlocutoria de prueba genera por sí misma un avance en la tramitación y que no existía razón jurídica ni práctica para reconocer utilidad únicamente a la última de ellas. En consecuencia, consideraron que no se configuró la inactividad atribuida a la demandante y que el incidente debió ser desestimado, pues entender lo contrario supondría exigir que todas las partes fueran notificadas dentro del plazo de seis meses, requisito que la regulación del abandono del procedimiento no contempla.

Vea sentencia Corte Suprema Rol Nº37856-2025, Corte de Santiago Rol Nº15933-2023 y del 13º Juzgado de Letras Civil de Santiago Rol C-1329-2021.