La potestad sancionadora en materia administrativa permite que por la vía de decretos se complementen tipos penales contenidos en la ley, sin que ello sea contrario a derecho.

El Tribunal Constitucional de Perú rechazó una acción de inconstitucionalidad que impugnó una serie de decretos administrativos que establecen faltas y sanciones que no se encuentran tipificadas en las normas penales de rango legal.

La acción fue interpuesta por el Colegio de Abogados de Ica, que estimó que los decretos recurridos transgreden los principios de legalidad, tipicidad y personalidad de las sanciones, por ser normas que se extralimitan en sus competencias al atribuirse potestades que no corresponden.

El recurrente alega que estas normas establecen disposiciones reglamentarias sancionatorias que no armonizan con la ley y la Constitución, y que, a su vez, “(…) trasladan una sanción de inhabilitación a una persona jurídica inocente por actos de sus representantes, accionistas o participantes”. También porque los decretos pretenden instaurar un régimen administrativo especial que vulnera el debido proceso.