Los Estados miembros de la Unión no pueden invocar su inmunidad para frustrar los objetivos federales.

El artículo 1° de la Constitución del país norteamericano otorga al Congreso la facultad de «levantar y mantener los ejércitos» y «proveer y mantener una armada». En virtud de esta facultad, el Congreso promulgó la Ley de Derechos de Empleo y Reempleo de los Servicios Uniformados de 1994 (USERRA), que otorga a los militares que regresan el derecho a reclamar sus puestos de trabajo anteriores con los empleadores estatales, y autoriza a demandar si esos empleadores se niegan a acomodar las discapacidades relacionadas con el servicio de los veteranos.

El demandante, Le Roy Torres, se alistó en el Ejército en 1989. En 2007, fue llamado al servicio activo y desplegado en Irak. Durante su servicio, estuvo expuesto a fosas de quema tóxicas. Torres recibió una baja honorífica honorable, pero volvió a casa con una bronquitis constrictiva. El ex militar, pidió a su antiguo empleador, el demandado Departamento de Seguridad Pública de Texas (Texas), que se adaptara a su estado de salud volviéndolo a emplear en un puesto diferente, a lo cual, Texas se negó. En vista de ello, interpuso una demanda en contra del Estado de Texas ante un tribunal estatal para hacer valer sus derechos en virtud de la USERRA. En su defensa, el Estado texano intentó desestimar la demanda invocando la inmunidad soberana.

El tribunal de primera instancia denegó la petición del demandado. Un tribunal de apelación intermedio revocó, razonando que, en virtud de la jurisprudencia de este Tribunal, el Congreso no podía autorizar demandas privadas contra Estados en virtud de sus poderes del artículo 1°, excepto en virtud de la quiebra. El Tribunal Supremo de Texas denegó la revisión discrecional. No obstante, después que se pronunciara la Corte Suprema Federal, el Tribunal de Texas, en consonancia con esa decisión, emitió un nuevo fallo en que sostuvo que los Estados renunciaron a su soberanía “(…) en cuanto al poder federal de dominio eminente».