No existe arbitrariedad ni ilegalidad en multa impuesta a empresa que infringió normas de higiene y seguridad, aprueba la Corte Suprema.

La Corte Suprema aprobó la sentencia de la Corte de Santiago que rechazó el amparo económico interpuesto por el propietario de una fábrica de planchas de acrílicos en contra de la SEREMI de Salud de la Región Metropolitana, que desestimó su recurso de revisión extraordinario y sólo procedió a rebajar la multa de 200 UTM con que se le sancionó por infracciones sanitarias –al conocer de su recurso de reposición- a 80 UTM (la sanción inicial impuesta fue de 400 UTM).

El recurrente alegó que la decisión adoptada en la segunda revisión por la SEREMI Metropolitana de Salud es arbitraria e ilegal, puesto que en entre la sanción inicial impuesta en agosto del 2019 y la decisión de la reposición en mayo del 2022, existió una brecha de tiempo de casi 3 años, en la cual su establecimiento industrial debió sobrellevar las consecuencias negativas de la pandemia del COVID-19 y un incendio que provocó la destrucción de un 80% de sus instalaciones.

Alega que si bien la resolución del recurso de revisión extraordinario pronunciada en diciembre del 2022 disminuyó la sanción a 80 UTM, esta multa tiene el potencial económico para provocar el cierre de su empresa de acrílicos, con los consiguientes despidos de sus trabajadores.