Cortes en el suministro eléctrico en comuna de Chiguayante.
Recurso de protección no puede convertirse en un sustituto jurisdiccional de otros procedimientos administrativos o judiciales pues tiene naturaleza cautelar y de emergencia.
Municipio y vecinos afectados tienen a su disposición el reclamo ante la Superintendencia del ramo y demás acciones civiles que estimen pertinentes, pero no pueden ejercer la acción cautelar en ausencia de un derecho indubitado.

La Corte Suprema confirmó la sentencia dictada por la Corte de Concepción, que rechazó el recurso de protección interpuesto por la Municipalidad de Chiguayante y un grupo de vecinos, en contra de la Compañía General de Electricidad S.A., por los permanentes cortes del suministro eléctrico sufridos en la comuna.
Los recurrentes expresan que del otoño la región ha sufrido intensos frentes de mal tiempo que han puesto en evidencia la falta de mantención de las instalaciones de la red eléctrica de la cual la recurrida es responsable. Mencionan un corte del suministro producido la madrugada del 21 de abril de 2022 que afectó a más de 38.000 residentes de la comuna y sus alrededores. Episodios como el descrito son habituales en el sector ante cualquier tipo de precipitación y los diversos cortes de energía afectan el normal funcionamiento de los establecimientos de salud, educación, servicios, y hogares de los vecinos. Sobre la empresa, añaden, pesa la obligación de servicio público de distribución, el que debe prestarse en forma continua, permanente y regular, a fin de satisfacer una necesidad colectiva. Citan la Ley General de Servicios Eléctricos (arts. 6 inciso segundo, 40, 129 y arts. 107 y 205 de su Reglamento), de los que se desprende que la recurrida ha incumplido todas y cada una de las obligaciones impuestas por la ley: controlar permanentemente la calidad del servicio, mantenerlo en buen estado de conservación y funcionamiento, garantizar la continuidad y calidad del servicio, así como las impuestas por el reglamento, especialmente la de tener en aplicación un programa permanente de mantención preventiva.
Estiman que las omisiones en el mantenimiento de la red vulneran la igualdad ante la ley, el derecho a la vida, a la protección de la salud y el derecho de propiedad de todos los vecinos; por lo tanto, piden a la Corte que ordene a la recurrida tomar medidas de prevención, resguardo y mantención de su infraestructura a fin de disminuir las interrupciones futuras del servicio.
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