Reclamo de ilegalidad acogido en alzada.
SEC incurre en ilegalidad al no corroborar irregularidades denunciadas en facturación de consumo de gas infringiendo de ese modo su deber de fiscalización.
Tuvo en consideración que uno de los cuestionamientos de la reclamante, radica en el correcto funcionamiento del proceso de facturación, con ocasión de la revisión efectuada por la empresa de distribución de gas, lo cual, cuando menos, tornaba indispensable corroborar si los asertos de la comunidad sobre la irregularidad de los cobros en el período inmediatamente anterior, era efectiva. Con todo, tal circunstancia no fue materia de ningún análisis por la reclamada.
La Corte Suprema revocó la sentencia dictada por la Corte de Santiago, que rechazó el reclamo de ilegalidad interpuesto por la administración de un edificio en contra de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, tras autorizar a empresa distribuidora de gas a facturar cobros cuestionados por la comunidad usuaria del servicio.
La reclamante sostuvo que la verificación del estado del medidor fue realizada por personal de la empresa distribuidora y no por un organismo o laboratorio de certificación autorizado por la SEC, conforme al artículo 36 del Reglamento de Servicio de Gas de Red. Además, argumentó la falta de un análisis comparativo del consumo de gas antes y después de la revisión del medidor, lo que demuestra anomalías en las facturaciones de la empresa. Señaló que el consumo de gas disminuyó notablemente entre agosto y diciembre de 2023 en comparación con el mismo período en 2021 y 2022. Finalmente, afirmó que el fundamento de la resolución, basado en un supuesto aumento sostenido del consumo de gas y agua caliente sanitaria, carece de respaldo probatorio.
La Corte de Santiago rechazó el reclamo, al considerar que la SEC actuó dentro de sus facultades legales al autorizar la facturación cuestionada. Argumentó que la resolución se basó en un análisis detallado del consumo de gas, agua caliente sanitaria y variaciones de temperatura, sin que se exista ilegalidad en la verificación del medidor realizada en los laboratorios de la empresa.
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