Si delito se comete en centro hospitalario, asistencial, lugar de detención o reclusión, recinto militar o policial, procede esta agravante del artículo 19 de la Ley Nº 20.000, resuelve la Corte Suprema.

La Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad interpuesto en contra la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillán, que condenó al acusado por el delito de tráfico ilícito de pequeñas cantidades de drogas, en razón de actuaciones investigativas realizadas por Gendarmería en el CCP de Chillán.

En su libelo, el recurrente alega que se vulneró el derecho al debido proceso, ya que Gendarmería de Chile incautó sustancias para posteriormente confeccionar un parte de denuncia sin el debido registro, no constando la instrucción de Fiscalía, de modo que considera que la prueba fue obtenida de manera ilegal. Enseguida, aduce que el TOP analizó indebidamente la prueba testimonial y, finalmente, aplicó erradamente una agravante. En mérito a ello invoca la causal de nulidad de la letra a) y en subsidio de la letra b), ambas del artículo 373 y; letra e) del artículo 374, todas del Código Procesal Penal.

Al respecto, la Corte Suprema refiere que la obligación de Gendarmería de registrar las actuaciones investigativas “(…) emana de lo dispuesto en los artículos 1 y 3 de su Ley Orgánica (DL N° 2.859), normas que enmarcadas en el ejercicio de la facultad de dirección de todos los establecimientos penales del país, le imponen el deber de aplicar las normas previstas en el régimen penitenciario que señala la ley y el de velar por la seguridad al interior de ellos.”