Suprema rechaza recursos de Sacyr por cierre ambiental de faenas

Los tribunales rechazaron la demanda porque Sacyr no precisó cuál de los contratos invocados había sido incumplido ni de cuál surgía la obligación que pretendía exigir. Además, el contrato de arrendamiento no imponía a la propietaria deberes relacionados con el cierre ambiental ni la obligación de permitir el ingreso al predio después de su término.

El arrendamiento finalizó mediante una sentencia de desahucio que quedó firme en julio de 2015, por lo que también se extinguieron las obligaciones derivadas de ese acuerdo. Respecto de la autorización de 2014 para depositar materiales inertes, los jueces concluyeron que no se acreditó que constituyera un segundo contrato ni que estableciera una obligación ambiental para la dueña del terreno.

La referencia al Plan de Manejo Ambiental estaba vinculada principalmente con las obligaciones de Sacyr en la concesión de la autopista. Tampoco se probó que la propietaria hubiera manifestado claramente su voluntad de permitir el cierre ambiental. Por ello, Sacyr no logró demostrar la existencia de una obligación contractual vigente que pudiera exigirse judicialmente.

La Corte Suprema no puede volver a valorar las pruebas

La Corte Suprema advirtió que los argumentos de Sacyr buscaban modificar los hechos establecidos por los tribunales que conocieron el juicio.

La empresa pretendía que se tuviera por probada la existencia de los contratos, la obligación de ejecutar el cierre ambiental y el deber de la propietaria de permitir el ingreso al inmueble.

Sin embargo, la casación en el fondo no permite realizar un nuevo juicio ni volver a valorar libremente la prueba. Su finalidad es revisar si la ley fue aplicada correctamente, respetando los hechos ya establecidos por los jueces de primera y segunda instancia.

Los hechos solo pueden modificarse excepcionalmente cuando se demuestra una infracción de las normas fundamentales que regulan la prueba.

Estas reglas determinan quién debe probar un hecho, cuáles son los medios de prueba permitidos, cuándo deben presentarse y qué valor corresponde asignarles.

Mientras los jueces respeten esas normas, pueden valorar libremente los documentos, testimonios y demás antecedentes. Esa evaluación no puede ser reemplazada por la Corte Suprema mediante un recurso de casación.

El máximo tribunal descartó que se hubiera alterado la carga de la prueba. Como Sacyr presentó la demanda, le correspondía demostrar la existencia de la obligación cuyo cumplimiento exigía.

También rechazó las alegaciones relacionadas con las presunciones, porque corresponde a los jueces de instancia decidir si estas son suficientemente graves y precisas.

Respecto de la prueba confesional, la Corte explicó que solo produce efectos contra una persona cuando reconoce hechos propios que le resultan perjudiciales.

En este caso, la propietaria no reconoció hechos que permitieran acreditar la obligación alegada por Sacyr. Por el contrario, siempre negó la existencia de un contrato vigente y de una obligación de permitir el ingreso después del término del arrendamiento.

La Corte descartó igualmente errores en la valoración de los testimonios. Señaló que corresponde a los jueces que conocieron directamente el juicio evaluar la credibilidad y el valor de las declaraciones.

También sostuvo, por mayoría, que el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil solo enumera los medios de prueba y no establece una regla que permita modificar los hechos mediante la casación.

El recurso omitió una norma fundamental

La Corte Suprema detectó, además, otro defecto en el recurso: Sacyr no denunció la infracción del artículo 1489 del Código Civil, norma que servía de fundamento a su demanda de cumplimiento contractual.

Al no incluir esa disposición, el recurso quedó incompleto. La Corte no podía corregir esa omisión, porque la casación es un recurso de derecho estricto.

Para que la Corte pueda anular una sentencia y dictar otra en su reemplazo, deben señalarse todas las normas esenciales para resolver el conflicto.

Por estas razones, el máximo tribunal rechazó el recurso de casación en el fondo y mantuvo la sentencia que desestimó la demanda.

El ministro Mauricio Silva estuvo de acuerdo con el rechazo, aunque consideró que el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil sí es una norma reguladora de la prueba. De todas maneras, estimó que el argumento debía descartarse porque Sacyr se limitó a mencionar la disposición, sin explicar cómo había sido infringida ni de qué manera influyó en la decisión.

Votos en contra sobre el recurso formal

El rechazo del recurso de casación en la forma contó con los votos en contra de la ministra María Angélica Repetto y del ministro Jean Pierre Matus.

Ambos estuvieron por analizar el fondo de esa impugnación. Consideraron que el recurso no estaba dirigido contra la resolución que rechazó la primera casación formal, sino contra la sentencia definitiva pronunciada por la Corte de Apelaciones al resolver la apelación.

Según los disidentes, si la sentencia de segunda instancia mantuvo el mismo defecto que tenía el fallo de primera instancia, era posible presentar una casación en la forma por la misma causal.

A su juicio, no se trataba de una “casación sobre casación”, porque Sacyr no buscaba revisar directamente la resolución que decidió el primer recurso, sino impugnar la sentencia definitiva de segunda instancia.

En definitiva, la Corte Suprema rechazó ambos recursos y dejó firme la sentencia que desestimó la demanda. Los tribunales concluyeron que Sacyr no logró acreditar una obligación contractual vigente que exigiera a la propietaria permitirle ingresar nuevamente al terreno para realizar el cierre ambiental de las faenas.

Vea sentencia Corte Suprema Rol Nº28.877-2025, Corte de Concepción Rol Nº2982-2023y del Primer Juzgado Civil de Concepción Rol N°C-4832-2018.