TJOP de Valdivia condena a propietario por tala ilegal de bosque nativo y destrucción de humedal en San José de la Mariquina

El tribunal concluyó que se configuró la hipótesis de contaminación ambiental grave consistente en afectar gravemente humedales mediante el vertimiento de tierra u otros sólidos, sin contar con autorización. Para establecer la gravedad del daño, tuvo en cuenta las circunstancias contempladas en el artículo 310 bis del Código Penal.

En primer lugar, consideró que la afectación abarcó una extensión espacial relevante desde el punto de vista ecológico y geográfico. Aunque la intervención directa comprendió más de una hectárea del predio, sus consecuencias alcanzaron al sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad denominado Mehuín Río Lingue, incorporado en la estrategia regional de biodiversidad. Por ello, la evaluación del daño no podía limitarse únicamente a la superficie intervenida dentro del terreno del condenado.

En segundo término, estimó que los efectos perjudiciales se prolongarían en el tiempo, atendida la duración de sus consecuencias. También constató que el daño tuvo efectos severos, irreparables o difícilmente reparables sobre los componentes ambientales, especialmente sobre la vegetación hidrófita y la fauna del humedal, lo que produjo una afectación grave e irreversible del ecosistema.

Finalmente, el tribunal determinó que la intervención perjudicó significativamente las funciones y servicios ecosistémicos del humedal, entre ellos la provisión de agua y la protección del suelo, y provocó su pérdida total.

Para acreditar ambos delitos, el tribunal valoró la prueba presentada durante el juicio oral por el Ministerio Público y la parte querellante. Entre los antecedentes destacados se encontraban los testimonios de expertos de una brigada especializada en la investigación de este tipo de ilícitos, junto con declaraciones de funcionarios y especialistas de organismos y servicios encargados de fiscalizar el cumplimiento de las normas de protección de los bosques y de la nueva institucionalidad ambiental. Estas pruebas fueron complementadas con documentos y otros medios probatorios.

En cuanto a las alegaciones de la defensa, el tribunal rechazó la solicitud principal de absolución. Sin embargo, acogió su petición subsidiaria de calificar los hechos conforme al delito genérico de contaminación ambiental con afectación grave, previsto en el artículo 308 N°2 del Código Penal.

En cambio, desestimó las demás solicitudes subsidiarias destinadas a que los hechos fueran considerados alguna de las figuras culposas contempladas en el artículo 309 del mismo código. Para ello, sostuvo que las pruebas rendidas durante el juicio permitieron acreditar que el acusado actuó con dolo, es decir, con conocimiento y voluntad en su conducta.

La audiencia de comunicación de la sentencia quedó fijada para el lunes 19 de octubre de 2026, a las 13:30 horas, mediante videoconferencia.