Código Procesal Penal
Proyecto de ley busca modificar el recurso de revisión en materia penal y fortalecer la indemnización por error judicial
Iniciativa propone ampliar las causales para revisar sentencias firmes, incorporando supuestos como declaraciones falsas, confesiones bajo coacción y fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, establece un procedimiento sumario ante la Corte Suprema para determinar montos indemnizatorios.
La moción, de autoría de la diputada Maite Orsini, que cuenta con el patrocinio de las diputadas Carolina Tello y Consuelo Veloso, junto al diputado Jaime Araya, modifica el Código Procesal Penal para perfeccionar la tramitación del recurso de revisión en materia penal y de la indemnización por error judicial.
Plantea como su objetivo establecer un mecanismo efectivo para la revisión de condenas erróneas y garantizar una reparación justa para quienes han sido afectados por errores del sistema judicial. El proyecto surge ante el diagnóstico de que la justicia penal es falible y que el marco normativo actual en Chile presenta deficiencias significativas para corregir y reparar tales equivocaciones.
Los autores de la iniciativa advierten que la indemnización por error judicial, aunque regulada en la Constitución, tiene una aplicación extremadamente restringida. La principal dificultad radica en un estándar probatorio excesivamente exigente, que requiere que el error sea «injustificado y arbitrario».
Asimismo, ponen de relieve la baja efectividad del recurso de revisión: de los 629 recursos presentados desde 2007, solo 52 han sido acogidos, lo que representa apenas un 8,27%. Las causales actuales se limitan a errores objetivamente comprobables y no abarcan la complejidad de los factores que pueden derivar en la condena de un inocente.
El proyecto propone reemplazar y añadir causales al Código Procesal Penal para incluir situaciones que la doctrina reconoce como fuentes de error judicial:
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Prueba falsa o coaccionada : Permitiría la revisión cuando la condena se funde en testimonios o documentos declarados falsos por sentencia firme, o en confesiones obtenidas mediante violencia o intimidación.
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Estándares internacionales : Se propone incorporar como nueva causal el caso en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declare que una sentencia firme violó derechos reconocidos en la Convención Americana.
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Apertura probatoria : Se facultaría al solicitante a valerse de cualquier medio de prueba y se prohibiría el rechazo de plano del recurso, salvo que se trate de una solicitud reiterada con los mismos antecedentes.
Una de las modificaciones estructurales más relevantes es el establecimiento de un proceso breve y sumario para la reparación económica. Según la propuesta, si la Corte Suprema acoge la revisión y dicta una sentencia de reemplazo que acredita la inocencia, se abriría inmediatamente una etapa para determinar el monto de la indemnización.
El recurrente tendría un plazo de entre 30 y 60 días para aportar medios de prueba sobre los perjuicios sufridos, tras lo cual el tribunal fallará sobre el monto sin más trámite. Con esto, el Estado busca reconocer su responsabilidad en las fallas del sistema y asegurar que la justicia prime sobre la seguridad jurídica de la cosa juzgada.
El proyecto de ley, que se encuentra en su primer trámite constitucional, pasó para su estudio y posterior informe a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputadas y Diputados, acordándose que una vez despachado por esa comisión se remita a la Comisión de Hacienda de la Corporación.
Vea texto moción Boletín Nº 18024-07 y siga su tramitación aquí.
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