Proyecto de ley busca sancionar a padres y cuidadores por facilitar acceso de menores a armas

Una moción parlamentaria ingresada a la Cámara de Diputadas y Diputados propone modificar la Ley N°17.798 sobre Control de Armas, el Código Penal y el Código Procesal Penal, con el objetivo de fortalecer la responsabilidad penal de padres, madres, adoptantes, tutores y/o cuidadores respecto del acceso, facilitación, porte y utilización de armas u otros elementos especialmente aptos para agredir por parte de menores de edad.

La iniciativa surge en el contexto de hechos de violencia escolar, como el ocurrido el 27 de marzo de 2026 en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, que evidenció —según los autores— una fragilidad del sistema jurídico para responder frente a adultos que inducen, facilitan o permiten el acceso de menores a armas, ya sea con conocimiento o mediante negligencia grave. En este sentido, se sostiene que la legislación vigente tiende a concentrarse en la persecución del autor material adolescente, sin abordar adecuadamente la conducta del adulto que contribuye a generar el riesgo.

El proyecto distingue entre la responsabilidad penal adolescente y el deber de cuidado que recae sobre quienes tienen a su cargo a menores, señalando que el fundamento de la reforma no radica en la patria potestad, sino en la corresponsabilidad en la crianza y el deber de resguardo efectivo. Asimismo, advierte que las actuales herramientas normativas, como protocolos escolares o sanciones administrativas, resultan insuficientes cuando el riesgo se materializa en hechos graves, por lo que se requiere una respuesta penal en etapas previas a la consumación del delito.

En materia comparada, la moción menciona legislaciones como las de Estados Unidos, España, Italia y Francia, que contemplan mecanismos para sancionar la facilitación o negligencia en el acceso de menores a armas, así como la omisión de deberes de cuidado cuando ello implica riesgos graves para terceros. A partir de estas experiencias, se concluye que el derecho penal no debe sancionar por el vínculo familiar en sí, pero tampoco puede omitir responsabilidad cuando el adulto induce, tolera o no impide conductas peligrosas.

Entre sus principales propuestas, se modifican las normas de la Ley de Control de Armas para sancionar al adulto que, con conocimiento efectivo, no adopte medidas para impedir que un menor acceda o utilice armas, especialmente cuando exista riesgo previsible de daño a terceros. La pena se agrava en casos de negligencia inexcusable y cuando los hechos ocurran en contextos vinculados a establecimientos educacionales.