Proyecto de ley que regula el uso de la fuerza por policías y Fuerzas Armadas queda en condiciones de ser promulgado

El proyecto de ley que establece un marco legal general para regular el uso de la fuerza por parte del personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública en el cumplimiento de sus funciones quedó en condiciones de ser promulgado por el Presidente de la República para luego publicarse en el Diario Oficial. Sus disposiciones también serán aplicables a las Fuerzas Armadas cuando sean llamadas a resguardar el orden público o la seguridad pública interior o a proteger recintos militares, conforme a la Constitución y la ley.

La iniciativa define como armamento todos los elementos regulados por la Ley de Control de Armas y aquellos que determine el reglamento respectivo. Distingue entre armamento menos letal, diseñado para presentar un riesgo menor de causar la muerte o lesiones de consideración, y armamento letal, cuya utilización presenta una alta probabilidad de provocar esos resultados. También define el uso de la fuerza como la facultad del personal policial y, cuando corresponda, militar, de utilizar medios físicos, mecánicos, cinéticos, químicos, eléctricos u otros para hacer cumplir la ley, mantener o restablecer el orden público o la seguridad pública interior, coaccionar o influir en el comportamiento de una persona o causar daños materiales. La norma reconoce expresamente que ese uso de la fuerza puede provocar lesiones e incluso la muerte.

La actuación policial y militar deberá sujetarse a los principios de legalidad, necesidad, responsabilidad y racionalidad. Esto significa que el empleo de la fuerza deberá ajustarse a la Constitución, los tratados internacionales vigentes y la ley; utilizarse únicamente cuando resulte necesario para cumplir el objetivo encomendado; generar responsabilidades cuando se ejerza fuera de los parámetros legales, incluyendo a los mandos o a la autoridad civil cuando corresponda; y aplicarse racionalmente considerando las circunstancias, el lugar y el contexto.

El personal deberá recibir formación y capacitación periódica para utilizar la fuerza conforme a estas reglas, además de contar con equipamiento adecuado para proteger su vida e integridad física y la de terceros. Las instituciones deberán garantizar las condiciones indispensables de seguridad para el desempeño de estas funciones.

La ley contempla además una serie de deberes que deberán observarse en las operaciones. Estas deberán ser planificadas considerando medidas destinadas a proteger al personal, reducir la necesidad de recurrir a la fuerza y minimizar los daños. Antes de utilizarla, los funcionarios deberán identificarse mediante uniforme, distintivo individual e intransferible, placa, vehículo institucional u otro medio idóneo, siempre que ello sea posible sin ponerlos en riesgo y salvo los casos en que la ley excluya este deber.

Cuando sea necesario emplear armamento, deberán advertir verbalmente o mediante una señal corporal su intención de utilizarlo, siempre que las circunstancias operativas lo permitan y ello no genere riesgos para el funcionario o terceros. El uso de la fuerza deberá ser gradual o progresivo, pero esto no significa que exista necesariamente una escala lineal y ascendente: podrá comenzar en el nivel racionalmente necesario y aumentar o disminuir según la peligrosidad de la situación, el grado de resistencia o agresión y la fuerza requerida para hacer cesar la amenaza.

Asimismo, deberán adoptarse medidas razonables para proteger la vida e integridad física de terceros y prestar primeros auxilios y atención médica a quienes resulten heridos, siempre que ello pueda realizarse sin riesgo para el personal. Todo evento en que se utilice la fuerza deberá ser registrado por un medio idóneo e informado al mando correspondiente. Estos antecedentes también deberán reportarse al Ministerio de Seguridad Pública o al Ministerio de Defensa Nacional, según corresponda, sin perjuicio del deber de denuncia establecido en el Código Procesal Penal.

Para las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, el proyecto establece cinco grados de resistencia o agresión: cooperación, resistencia pasiva, resistencia activa, agresión activa y agresión activa potencialmente letal. La cooperación supone el cumplimiento de las instrucciones policiales; la resistencia pasiva consiste en negarse a obedecer sin ejercer violencia; la activa comprende la resistencia física o evasión del control policial; la agresión activa corresponde a una amenaza o agresión actual o inminente que pueda afectar bienes o la integridad de funcionarios o terceros; y la potencialmente letal comprende aquellas amenazas o agresiones capaces de causar lesiones de consideración o la muerte. Estos grados no necesariamente deberán presentarse en orden sucesivo.

En correspondencia con esas situaciones, se establecen cinco grados de uso de la fuerza: presencia policial; técnicas de comunicación, como diálogo, mediación, negociación y reducción de tensión; reducción física de la movilidad para controlar, inmovilizar o esposar a una persona; utilización de fuerza o armamento menos letal; y fuerza potencialmente letal. Esta última procederá cuando las medidas anteriores resulten insuficientes y esté justificada por el cumplimiento del deber, la legítima defensa, una orden judicial, la necesidad de detener a una persona que oponga resistencia, impedir su fuga o proteger infraestructura crítica frente a un peligro grave.

En materia de infraestructura crítica, el personal podrá recurrir a la fuerza conforme a estas reglas y utilizar fuerza potencialmente letal para impedir daños graves e inminentes. La correspondencia entre los grados de fuerza y los niveles de resistencia o agresión tampoco supone una secuencia obligatoria, pues la intensidad podrá aumentar o disminuir según las circunstancias concretas. Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública deberán, además, enviar semestralmente al Ministerio de Seguridad Pública información estadística sobre el uso de la fuerza y los episodios violentos registrados durante labores de mantenimiento del orden público o de la seguridad pública interior.